Juan Carlos Campo, el ministro de los indultos, se marcha amortizado

El nombramiento de Calvo, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008 a propuesta del PSOE, se consideró en enero de 2020 como parte de la cuota de poder de los socialistas en el Gobierno de coalición. Su vinculación con el partido había sido notoria, especialmente cuando en febrero de 2009 fue designado secretario de Estado de Justicia en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapataro.

El tiempo y la perspectiva actual dan pistas inequívocas de cuál era el propósito de su llegada para Sánchez. Si bien el presidente del Gobierno negó hasta la saciedad la concesión de los indultos a los condenados por malversación y sedición, lo cierto es que ya se estaban cociendo. Su piloto acababa de aterrizar en Justicia y el horizonte aún no se había desvelado, pero era muy claro. Campo marcó los plazos de lo que estaba por llegar y ya en diciembre del año pasado, en plena pandemia y tras doce meses en el cargo, anunció la estrategia: la medida de gracia llegaría en el semestre inicial de este año. Dicho y hecho.

Los primeros meses de 2021 fueron una sucesión de justificaciones a los indultos, incluso con el criterio en contra del Supremo, el tribunal sentenciador, y la Fiscalía. «Es un instrumento que hay que ver con naturalidad», dijo el ministro en mayo. Después, una vez consumados, se afanó en argumentar la utilidad pública para sacar de la cárcel a los sediciosos, aún con la declaración de que no tenía ninguna certeza de que fueran garantía de nada respecto a las aspiraciones soberanistas de los condenados. «Perdón» y «reconciliación» fueron dos de los términos más empleados.

El ministro de los indultos se marcha con el trabajo hecho según la óptica del Gobierno, desgastado por la enorme exposición y del todo amortizado, pero no tanto en lo que se refiere a la reforma de la Justicia, su gran objetivo. Lo sustituirá la actual presidenta del Senado, Pilar Llop, también juez y con la difícil tarea de calmar las aguas y, más complicado aún, abordar la reforma del delito de sedición que exigirán los independentistas. También la transformación del Consejo General del Poder Judicial, que sigue a medias, y la renovación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía en fase de informes. En el haber de Campo, sentar la bases del plan de Justicia 2030 para los próximos años.