Un jefe policial dice que tras el 20-S hubo un «clima de tensión insurreccional»

«La sensación de que aquello era un polvorín es incuestionable», señala el teniente Baena

Madrid Actualizado: Guardar
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Una «escalada incontrolable de violencia» y un «clima de tensión claramente insurreccional». Así ha calificado el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, responsable de la investigación policial, la situación vivida en Cataluña tras el 20 de septiembre, la jornada en la que se llevaron a cabo 40 registros contra la preparación del referéndum ilegal, entre ellos el practicado en la Consejería de Economía.

Para el testigo, que ha elaborado gran parte de los atestados que sustentan la acusación contra los líderes independentistas, esta fecha supuso un punto de inflexión en la normal convivencia en esa comunidad. Fue entonces cuando comenzó la verdadera campaña de hostigamiento a los cuerpos policiales, que no solo vio incrementado el número de acciones. Tras aquella jornada, también cambió la naturaleza de las propias concentraciones, que pasaron de ser simples protestas a convertirse en resistencia al cumplimiento del mandato judicial, a situarse frente al Estado de Derecho.

«La sensacion de los tres cuerpos policiales de que aquello era un polvorín es incuestionable», ha señalado el testigo en la vigésimosegunda sesión del juicio del «procés». Prueba de ello es el número de acciones de hostigamiento a las que tuvieron que enfrentarse los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional residentes o desplazados a Cataluña. Así, de los 88 escraches que sufrieron miembros de la Benemérita, solo dos de ellos se produjeron antes del 20-S. De igual forma, 23 de los 25 ataques a policías nacionales tuvieron lugar desde aquel 20 de septiembre. Con la aplicación del artículo 155, horas después de la declaración unilateral de independencia, ese clima de tensión, que incluyó incluso concentraciones ante acuartelamientos -las propias viviendas de los agentes-, cedió.

El rol de los Mossos

En este contexto, Baena reveló que en los incidentes de Economía -donde llegaron a concentrarse 50.000 personas-, la Guardia Civil «estaba autorizada para actuar si los agentes veían su integridad física amenazada». «Si no se tomó esa decisión fue porque (los manifestantes) no llegaron a acceder dentro del edificio», señaló. El día anterior los dos agentes responsables de este registro relataron la tensión vivida cuando ya de noche la gente se agolpó contra la puerta de la Consejería, y cómo desde el otro lado tuvieron que hacer fuerza para que no echaran la puerta abajo. «Si entran podría haber sucedido una desgracia», confesó uno.

Baena también denunció el espionaje que Guardia Civil y Policía Nacional sufrieron por parte de los Mossos d’Esquadra el 1-O. Las comunicaciones entre los mossos, sus solicitudes y las respuestas fueron analizadas para averiguar qué se cocía en las bambalinas de la policía autonómica, acusada por la Fiscalía de facilitar el referéndum ilegal con su pasividad. «Se produjeron conversaciones para solicitar información sobre la situación de la Guardia Civil y la Policía Nacional», declaró el testigo, que señaló que algunas salas de mando de los Mossos dieron prioridad a este cometido.

Al ser interrogado por los letrados de los acusados, Baena negó ser el titular de una cuenta de Twitter desde la que se publicaron mensajes contra el secesionismo en plenas investigaciones de la Guardia Civil. Las defensas buscaron cuestionar sus actuaciones. El tribunal rechazó una prueba para averigüar la identidad, y alegó que un supuesto filtro ideológico de un testigo no es «presupuesto de validez de los actos de la investigación».

El jefe de la investigación policial apuntó también la coherencia entre las anotaciones halladas en la agenda del número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, y los hechos que se iban sucediendo durante el «procés» y que terminaron con la declaración de independencia. «El referéndum tenía que celebrarse sí o sí. Eso aparece en la agenda y en Enfocats», dijo. Lo mismo sucede con el concierto entre el Govern, el Parlament y la movilización impulsada por las asociaciones civiles. El objetivo, según esa agenda, era «ir incrementando el nivel de conflictividad con el Estado español». La aplicación del 155 evitó que estallase el polvorín del que hablaba Baena, que estaba en manos de los doce acusados.