Irene Montero se extraña de que no haya wifi en el CIE de Aluche

Primero fueron los diputados de la Comisión de Interior del Congreso, y ya por la tarde la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. No parece que encontraran pruebas ni indicios de esa realidad terrible que describían algunos . Salvo que no disponer de wifi –la diputada de Podemos Irene Montero se extrañó de ello– entre en esa categoría...

Los internos, como informó ABC en su día, pueden hablar de cuatro a ocho de la tarde cada día con sus teléfonos móviles con la única restricción de que no pueden hacer fotografías . En cuanto a cámaras de seguridad, exigidas por un juez, están en todo el centro salvo en los dormitorios y los servicios, por una lógica cuestión de intimidad .

En cuanto a la wifi, probablemente la diputada de Podemos no haya caído en la cuenta de que los funcionarios que trabajan en ese centro tampoco disponen de ella , lo mismo que muchos grupos policiales que combaten las más peligrosas formas de delincuencia.

Ya por la tarde, la alcaldesa de Madrid, Manuela Camena , optó por su parte por la creatividad y propuso cambiar el CIE, que en su opinión no es útil, por pisos tutelados donde haya un control sobre los inmigrantes .

Dentro del CIE esperaban a los diputados el director general de la Policía, Ignacio Cosidó , y el recién nombrado comisario general de Extranjería, Juan Carlos Ortiz . El primero dio algunos datos sobre la realidad de estos centros: las identificaciones de la Policía en base a la Ley de Extranjería, que han pasado de 90.425 en 2011 a 36.306 en 2015, por los nuevos criterios que impiden las identificaciones masivas e indiscriminadas ; los ingresos en CIE han disminuido también casi en un 40%, pasando de 11.325 en 2012 a 6.930 en 2015, y el tiempo de estancia en estos centros se ha reducido a su vez de 25 días hace cinco años a 21 en la actualidad. De los expulsados este año, la mitad tenía antecedentes penales.

El comisario Juan Carlos Ortiz, por su parte, recordó a los diputados que la existencia de los CIE es consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , que ordena a España adoptar todas las medidas necesarias para proceder a la expulsión de los extranjeros sometidos a una decisión judicial o administrativa de retorno.