Interior cierra los CIE tras el realojo de los últimos 50 internos

Los CIE son la antesala de esas expulsiones, dispositivos cerrados pero sin carácter penitenciario, donde siempre por orden de un juez, los inmigrantes permanecen un máximo de 60 días mientras se gestiona su repatriación. Ahora, ante los cierres de fronteras y la prohibición de entrada de muchos países a españoles o personas procedentes de España, los retornos se han convertido -en palabras del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska-, en una «imposibilidad manifiesta», de modo que los CIE pierden la capacidad de cumplir la función para la que fueron creados. En España, forman parte del ordenamiento jurídico desde la primera Ley de Extranjería de 1985.

En el momento de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, en estos centros estaban ocupadas un 59% de sus 1.135 plazas , esto es, 670. Aplicando primero el criterio de liberar a aquellos internos próximos a cumplir el máximo de 60 días de estancia, se vació la instalación de Barcelona y Tarifa, dependiente del CIE de Algeciras.

Con posterioridad, se ha impuesto la realidad de que no se puede repatriar, unida a los temores de contagios en los centros -Interior no ha reconocido ninguno- , agravados la pasada semana por órdenes judiciales que mandaban desalojar los de Madrid y Las Palmas visto su «hacinamiento». Finalmente, de lo que se está tratando ahora es de practicar las puestas en libertad de forma «paulatina» y al ritmo en que los dispositivos de acogida pública, en su mayoría gestionados por ONG, van dando cabida a todos los que no pueden procurarse un alojamiento por sí mismos, con familiares o amigos.

En estas tres semanas de confinamiento, la inmigración irregular por el Mediterráneo se ha reducido casi a cero. No hay posibilidad de alcanzar las playas del norte de Marruecos, en práctico toque de queda. Aunque disminuida, la llegada de pateras sí continúa en el archipiélago canario, donde el cierre de sus CIE -Tenerife, 268 plazas y Las Palmas, 168- desembocará con toda probabilidad en la multiplicación de vuelos de inmigrantes a la Península, ya que ninguno puede ser devuelto a su lugar de salida o de origen.

El cierre de los CIE es una aspiración de Podemos y plataformas como Barcelona en Comú, de la que forma parte Ada Colau. Los creen contrarios a los derechos humanos y proponen sustituirlos, por ejemplo, por la obligación de que los inmigrantes se presenten en comisaría mientras se tramita su expulsión, lo que entraña un alto riesgo de incomparecencia.