Guía para no perderse en el laberinto judicial de Puigdemont

El hecho de que haya un procedimiento en marcha relativo a su inmunidad como eurodiputado electo y una cuestión prejudicial pendiente de resolución ante el Tribunal de Luxemburgo son obstáculos que dificultan el camino para poder hacer efectiva la entrega. Estas son algunas de las incógnitas que plantea el periplo que el expresidente de la Generalitat inició hace cuatro años, el día que, tras proclamar una efímera república, decidió abandonar a los suyos.

¿Podía ser detenido Puigdemont?

Sí, la orden europea de detención que el Tribunal Supremo cursó en 2019 nunca ha dejado de estar vigente en los archivos policiales de los países miembros. Al aterrizar en el aeropuerto de Alghero (Cerdeña), Puigdemont fue arrestado por la Policía italiana como podía haberlo hecho la de Francia, país que el expresidente de la Generalitat ha pisado estas últimas semanas en varias ocasiones sin acudir en todos los casos a Estrasburgo, único desplazamiento (junto con el del Parlamento Europeo en Bruselas) ante el que estaba blindado. Sin embargo, Francia declinó hacerlo a la espera de que los tribunales de justicia de la UE resuelvan el recurso sobre la suspensión de su inmunidad, por un lado, y la cuestión prejudicial de Llarena, por otro. Pero Italia no lo ha hecho mal. Se trata de una detención legal que de hecho el juez italiano avala en su auto de libertad. Cuestión distinta es si solicitada la entrega, la euroorden se podrá ejecutar en este momento.

¿Por qué podría haber problemas para ejecutarla?

Para responder a esta pregunta hay que remontarse a la decisión que el 30 de julio tomó el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), cuando rechazó las medidas cautelares solicitadas por el ‘expresident’ y los también europarlamentarios electos Toni Comin y Clara Ponsatí y suspendió su inmunidad al no ver riesgo de que fueran a ser detenidos. En esa resolución, el TGUE dejaba la puerta abierta a que los procesados volvieran a pedir esas medidas cautelares (es decir, la reactivación de su inmunidad) «en la hipótesis de que, con posterioridad a este auto, el perjuicio alegado pudiera sobrevenir con probabilidad suficiente, especialmente en caso de arresto por una autoridad de un Estado miembro o la puesta en marcha de una peticiñon para su entrega a las autoridades españolas». Tras cuestionar la legalidad de la detención, la defensa del ‘expresident’ se ha aferrado a la petición de unas nuevas cautelares para obstaculizar la entrega. Ayer mismo dirigió un escrito solicitándolas al TGUE.

¿Aunque la euroorden esté vigente, está suspendida?

Aquí va a estar la clave de la cuestión y el motivo por el que la defensa de Puigdemont alegará que su cliente se movía «libremente» por Europa, cuando en realidad el riesgo de arresto siempre ha estado ahí. De hecho, el TGUE dejó claro que solo conservaba provisionalmente esa inmunidad en los desplazamientos que hiciera al Parlamento Europeo. En paralelo, y para justificar por qué no veía justificado el «perjuicio grave e irreparable» que suponía para Puigdemont suspender su inmunidad, señaló que mientras el Tribunal de Justicia de la UE, también con sede en Luxemburgo, no se pronuncie sobre la cuestión prejudicial planteada por Llarena, «nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas». Apuntaba, además, que al haberse suspendido el proceso penal de que se trata mediante esa cuestión prejudicial, «la ejecución de las órdenes de detención también ha sido suspendida, como ha indicado España, que interviene en apoyo del Parlamento (europeo)».

Lo cierto es que Llarena condicionó lo que haría con sus euroórdenes (mantenerlas, retirarlas o emitirlas nuevas) a la respuesta que recibiera del Tribunal de Luxemburgo, lo que todavía no ha sucedido. La decisión afectaría a Puigdemont, Comín, Ponsatí, a Lluis Puig y a Marta Rovira, contra quienes se sigue procedimiento por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.

¿Qué planteó el juez Llarena en esa cuestión prejudicial?

El magistrado pedía al TJUE que se pronunciara sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una Orden de Detención Europea (ODE), así como por las razones para su denegación, una vez que las autoridades de ejecución de Bélgica rechazaron la entrega de Lluis Puig. En realidad, Llarena estaba poniendo en evidencia el incumplimiento de las autoridades belgas con el Derecho de la Unión. «Mal se confía en el sistema penal y procesal de otro Estado, si lo primero que se pretende por el Estado de ejecución es poner en duda su competencia para emitir un instrumento de cooperación basado, precisamente en la confianza y cooperación recíproca», sostenía el instructor.

¿Y ahora cuál es el siguiente paso?

Tras pasar a disposición judicial, el juez de la Corte de Apelación de Sassari lo dejó ayer en libertad sin medidas cautelares y le citó el próximo 4 de octubre, para, una vez estudiada la documentación, decidir si ejecuta la euroorden. Aprovechando que el TGJUE le abrió la puerta, la defensa del ‘expresident’ ya ha pedido como medida cautelarísima la reactivación de la inmunidad hasta que el TGJUE decida sobre el fondo del asunto: si los eurodiputados electos gozan o no de esa inmunidad.

¿Qué hará España?

Desde el Tribunal Supremo, Llarena ya ha pedido que se ejecute la entrega al entender que la cuestión prejudicial que planteó a Luxemburgo solo afecta al destino de la euroorden de Bélgica, no a otros países que pueden cumplir con la orden de detención y cursar la entrega.