Granados, condenado a dos años de prisión por el chivatazo de la operación Púnica

Según la sentencia, la filtración de la investigación produjo un «intenso» daño tanto a la causa pública como al esclarecimiento de los hechos y sus autores y permitió a los investigados la destrucción de pruebas y la ocultación de dinero.

En una sentencia, con voto particular concurrente del magistrado Nicolás Poveda , los magistrados de la Sección Primera condenan a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y a Talamino por uno de violación de secreto agravado. Además, a este último se le impone una pena de 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Para el tribunal, «las especiales responsabilidades que el Sr. Granados Lerena había asumido, especialmente como consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid», son «circunstancias personales que requieren un especial reproche a su conducta».

Los magistrados consideran probado que Talamino -que vivía en Valdemoro (Madrid) y conocía a Granados por haber sido alcalde de esa localidad- alertó el 5 septiembre de 2014, poco antes de que estallara la Púnica, de la instalación de cámaras frente al despacho de Marjaliza en el edificio Éboli de Pinto, sabiendo que el exconsejero y el presunto conseguidor de la trama eran amigos.

Quedó con ellos aprovechando las fiestas de Valdemoro y se encontró con Granados en un local, donde le contó que la UCO vigilaba a Marjaliza y, al día siguiente, Caro Vinagre, a petición del exconsejero, buscó a Talamino «para obtener más información».

Dio el chivatazo «consciente de la importancia de la información para los intereses de Granados, Marjaliza y de su amigo personal José Luis Caro Vinagre», al que Granados había contratado como asesor, y «decidió avisarles (...) sabiendo que violaba el deber de confidencialidad».

A raíz de la filtración, los investigados cambiaron sus conductas, «dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios. Además, se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas», afirma la sentencia.

Al saberse investigado, Granados pidió a Marjaliza que destruyera la documentación que le relacionaba con sus negocios -facturas de la compra de regalos, organigrama de sus sociedades y testaferros y contratos en cuya adjudicación había mediado- y trasladó documentación sobre sus cuentas en Singapur y operaciones en Suiza al domicilio de su secretaria Ana María Ramírez.

En su voto discrepante, Poveda no cuestiona las penas impuestas sino «los razonamientos que dan lugar a la valoración de la prueba» y pone en duda lo declarado por Marjaliza y su secretaria.