González Trevijano, presidente del TC por unanimidad

El retraso de dos años en la renovación del tercio que correspondía al Congreso, al que puso fin el acuerdo PSOE-PP del pasado octubre por el que han entrado en el TC cuatro nuevos magistrados, es el motivo de que el mandato del presidente y del vicepresidente se vaya a ver acortado. Eso en el supuesto de que en junio no continúe bloqueada la renovación del CGPJ, porque si es así, la del tercio del TC no se podría llevar a cabo porque la ley que limita las atribuciones del Consejo, aprobada a principios de este año, no le permite hacer nombramientos estando en funciones y los dos candidatos del CGPJ y los del Gobierno forman parte del mismo tercio; es decir, el nombramiento de los cuatro nuevos magistrados tiene que ser a la vez. Como informó ABC el pasado 17 de septiembre, no poder hacer esa renovación dificultaría una mayoría progresista en el TC, pues ese es el momento en que la mayoría conservadora 7-5 de ahora se invertiría. Y dentro de los candidatos que cuentan con más posibilidades en ese momento está el magistrado y exfiscal general Cándido Conde-Pumpido.

Pero para eso aún queda tiempo. De momento el nuevo TC inicia su andadura consciente de que todas las miradas están posadas en él y que se observará con lupa el comportamiento de los cuatro nuevos miembros por las críticas a su perfil político. En el caso de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel se cuestiona su proximidad ideológica al PP; en los de Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, al PSOE y Podemos. Se da por hecho que habrá intentos de apartar a algunos magistrados de la resolución de determinados asuntos, pero no es algo que preocupe en estos momentos en el seno del TC, donde se seguirá trabajando sin miedo a recusaciones.

Sobre la mesa, parte de la política legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez recurrida fundamentalmente por PP y Vox. Prohibición de las subvenciones en las escuelas que segreguen por sexos, eutanasia, la ley de la infancia, la que recorta las funciones del CGPJ, recursos pendientes contra la sentencia del 'procés', los interpuestos por la defensa de Puigdemont, el que se presentará de forma inminente por la pérdida del escaño de Alberto Rodríguez, y por supuesto el aborto, pendiente de resolución desde hace once años.  

Con la salida del tribunal de su ponente, el conservador Andrés Ollero, favorable a declarar la inconstitucionalidad de la ley de plazos, el futuro de este recurso ya es incierto, pues cambiará de manos y el nuevo ponente puede darle la vuelta, como se hizo con la prisión permanente revisable o con el primer estado de alarma . Ambos recursos llegaron al Pleno con propuestas contrarias (y así se aprobaron) al planteamiento que inicialmente hizo el magistrado progresista Fernando Valdés, quien tuvo que renunció a su puesto hace un año tras verse implicado en un caso de violencia de género.

De momento, y según señalan a ABC fuentes del Tribunal se dará un margen de tiempo razonable para que los cuatro nuevos magistrados se pongan al día antes de empezar a abordar nuevas ponencias en Pleno. Aunque lo lógico sería que al próximo que se convoque se llevaran los asuntos que no dio tiempo a abordar en el último, lo cierto es que el orden del día está siempre en manos del presidente, que es quien marca agenda y tiempos. De ahí que sea precipitado concluir que al siguiente Pleno vaya la propuesta de Ricardo Enríquez de declarar incosntitucional la prohibición de subvencionar a los colegios que segreguen a sus alumnos. La prisión permanente, el segundo estado de alarma y las plusvalías coparon las últimas reuniones de los magistrados.