«Las filtraciones dinamitaron cualquier posibilidad de acuerdo»

Ese día los nervios estaban a flor de piel, dentro y fuera del órgano de garantías. Y pese a que hubo un cruce de votos –el de la progresista Encarnación Roca se fue con la mayoría y los de dos magistrados del sector conservador, con los discrepantes–, todos eran conscientes de que la sentencia se iba a interpretar en términos políticos. Coincidían en que, al marcar el paso de futuras situaciones similares, habría sido más conveniente un fallo respaldado por una mayoría más holgada. El Gobierno y la izquierda judicial iban a utilizar los votos particulares para desacreditar la sentencia. Las presiones de las últimas semanas de la ya exvicepresidenta Carmen Calvo a miembros del Tribunal, exclusiva de ABC, habían dejado claro que para el Ejecutivo este no era un asunto más. Con la filtración del texto que se llevó al Pleno, «cualquier posibilidad de acuerdo se había dinamitado». Pero para entender la trastienda de esta sentencia hay que dar marcha atrás.

El 14 de octubre del año pasado el magistrado Fernando Valdés presentaba su renuncia tras verse implicado en un caso de violencia de género. Con su dimisión la minoría progresista se quedaba con cuatro de los once miembros que pasó a tener el tribunal. Su plaza no se cubrió porque se decidió esperar a la renovación del tercio del TC cuyo mandato ya había vencido. Él estaba entre los cuatro magistrados salientes. Valdés, asesor en la reforma laboral del Gobierno socialista de Zapatero, era el ponente original del recurso que contra este primer estado de alarma había presentado Vox seis meses antes. El texto que iba a llevar a Pleno avalaba el decreto de Sánchez y solo declaraba inconstitucional el inciso en el que se dejaba en manos del ministro de Sanidad la posibilidad de «modular o ampliar» las medidas enumeradas en el decreto de alarma, algo que también ha tumbado la sentencia de este miércoles. Tras la salida de Valdés, asumió la ponencia el conservador Pedro González Trevijano, que tras leer el borrador de su colega, y en el ejercicio de las facultades que le corresponden, decidió hacer un texto totalmente nuevo , cuyo contenido trascendió el 10 de junio. Ahí se activó la maquinaria de La Moncloa para intentar salvar el decreto.

No se puede perder de vista el deterioro de las relaciones entre los magistrados durante el primer semestre del año, donde la prioridad absoluta para el tribunal –que durante meses no celebró un pleno presencial– fue la resolución de los recursos de los presos del 'procés' contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó por sedición. El TC no fue capaz de aguantar el pulso de los independentistas, que en su estrategia de deslegitimar al órgano y sembrar dudas sobre su imparcialidad, recusaron al magistrado Antonio Narváez (conservador), primero, y a Conde-Pumpido (progresista), después, al entender que ambos prejuzgaron a los condenados en sendas intervenciones públicas.

En otros tiempos habría bastado la decena de escritos de descargo de Narváez para rechazar una recusación «extemporánea e infundada», pero la ponente llegó a ese pleno con un texto favorable a apartar al magistrado como cautela ante Europa, con lo que, al constatar Narváez que se iba a abrir una brecha en el tribunal, decidió retirarse. La propuesta de aceptar la recusación era de la progresista Encarnación Roca. Conde-Pumpido se vio obligado a seguir los pasos de su colega. La división se había constatado en un clima ya de por sí enrarecido por los movimientos que dentro del TC van a provocar las vacantes de la propia vicepresidenta Roca y de los conservadores Juan José González Rivas (presidente) y el magistrado Andrés Ollero como consecuencia de la renovación del tercio del tribunal propuesto por Congreso y Senado. El miércoles, Roca votó con la mayoría conservadora, como había hecho en ocasiones anteriores; los otros dos, con los progresistas, lo que el presidente ya había hecho al estimar el recurso del PSOE contra la inclusión de Cantó en la candidatura de Madrid dos meses antes. En paralelo, los progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer se empezaron a desmarcar de la habitual unanimidad en las cuestiones del 'procés' y voto particular tras voto particular empezaron a tildar de desproporcionadas las penas de sedición. Sus argumentos pusieron en bandeja al Gobierno la defensa de la reforma de este delito y la justificación de los indultos. Y a los presos, su recurso ante Estrasburgo.

Con el segundo estado de alarma vigente (duró de octubre a mayo), empezó la presión social sobre el TC porque no había resuelto el primero transcurrido ya un año. A esto se sumaron las explicaciones que estaba pidiendo Europa sobre los asuntos en trámite derivados del estado de alarma. Fuentes del órgano aseguran que fueron varias las ocasiones en las que González Rivas apremió al ponente (alguna de ellas, delante de todos los magistrados en Pleno) para que sometiera el asunto a estudio de sus compañeros. Lo quería resolver antes del verano.

Un sector del TC cree que González Trevijano tenía listo su texto hacía semanas y que por razones que no tienen muy claras se resistía a llevarlo al Pleno hasta que no terminara el segundo estado de alarma. Fuentes próximas al ponente dicen que estuvo trabajando sobre ese texto hasta junio . Lo cierto es que veinte días después de publicar ABC que el presidente le apremiaba , el borrador estaba sobre la mesa de todos los magistrados.

Antes de que trascendiera de puertas afuera la ponencia de Trevijano, el objetivo en el TC era consensuar lo máximo posible ese texto inicial . Se contaba con que no iba a ser por unanimidad –hay magistrados, como el conservador Andrés Ollero, que no moverían en ningún caso su posición, a favor de la constitucionalidad de la alarma–, pero incluso dentro de la mayoría progresista había cierta disposición a llegar a un acuerdo para consensuar un texto «técnico, equilibrado y mesurado» que pudiera acoger distintos matices propuestos por magistrados vinculados a ambas sensibilidades. Se necesitaba tiempo. En el TC hay quien cree que el 10 de junio, «con la filtración de la ponencia, se dinamitó cualquier posibilidad de acuerdo». De hecho, en el Pleno del 22 de junio los magistrados ya estaban desde el principio divididos en dos bloques y todo indicaba que el voto de Encarnación Roca iba a ser determinante para deshacer el desempate en el siguiente pleno. Aquella reunión fue larga, con debates «intensos, profundos y respetuosos». Los conceptos de limitación o suspensión de derechos y la proporcionalidad vinculada o no al posible vaciamiento del contenido esencial del derecho centraron muchas de las intervenciones. Se interrumpió el Pleno ahí con la encomienda de fijar mejor los conceptos de alarma y excepción y el alcance de la responsabilidad patrimonial del Estado . Encarnación Roca había manifestado a sus compañeros su preocupación ante la avalancha de indemnizaciones a las que se enfrentaba el Estado si este punto no quedaba suficientemente claro. Para entonces Carmen Calvo ya había entrado en escena.

A diferencia del anterior, el Pleno del 13 de julio fue, por momentos, «tenso y agrio». Las conversaciones entre magistrados en aras de llegar a acuerdos son práctica habitual en el tribunal. No lo es la intervención directa un miembro del Gobierno para intentar influir en el parecer de un magistrado. Y eso es fue lo que hizo Carmen Calvo cuando contactó con varios miembros del TC con ocasión de este asunto: con el ponente, con María Luisa Balaguer, magistrada con la que tiene buena relación y hablan a menudo, y también con la vicepresidenta Roca, cuando ya se sabía que su voto era determinante . La propia Roca lo comentó públicamente en el Pleno del miércoles cuando se abordaron las presiones que esa misma mañana había denunciado ABC. Roca dijo a sus compañeros que Calvo le había advertido de la «trascendencia» de este asunto para el Gobierno y que había que «estudiarlo bien». Con independencia del efecto que esas presiones pueden provocar en cada uno, se achaca al presidente no haber provocado una condena del órgano ante unos hechos tan graves.

Al blindar la sentencia las posibles indemnizaciones del Estado, como habían pedido, entre otros, Roca, esta anunció su voto a favor de declarar la inconstitucionalidad de la alarma. Su intervención fue anterior a la del presidente, que tras constatar que quedaba garantizada ya la mayoría 6-4 sin que su voto fuera determinante, votó con los discrepantes , no sin antes proponer posponer otra vez la votación a la próxima semana en aras de buscar una mayoría más holgada. Los presentes dicen que se produjo ahí un momento de tensión entre el presidente y Trevijano porque éste se negó y quiso que se votara en ese momento . Se achaca al presidente que en aras de ese consenso que propugnaba, y sabiendo ya que ganaba la opción de la inconstitucionalidad, no reforzara esa mayoría con su voto para conseguir un 7-4. «No asumió su responsabilidad institucional», comenta un magistrado. Por mucho que al final intentara posponer esa votación ya no iba a cambiar nada». Los puentes se habían roto. Los magistrados se levantaron de la mesa con el compromiso de que, como es habitual, no trascendiera la sentencia hasta que estuvieran listos los votos particulares. Se tardaría unos días porque, aunque varios de los cinco discrepantes ya lo tenían redactado, Xiol, por ejemplo, anunció que necesitaba tiempo porque el suyo iba a ser extenso. Sin embargo, una nueva filtración volvió a poner de manifiesto la desconfianza entre ellos y la falta de lealtad hacia la institución. En horas se conoció su contenido.

Lo que sucedió después ya es conocido por todos. Una declaración institucional del Gobierno por boca de la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que decía respetar la sentencia pero se ratificaba en que el estado de alarma fue la herramienta idónea para hacer frente a la pandemia «porque salvó miles de vidas». Otra de la ministra Belarra, (Podemos) acusando a los jueces de hacer oposición al Gobierno. Y, por último la titular de Defensa y juez, Margarita Robles, hablando de «elucubraciones doctrinales» , la idea en torno a la que precisamente gira el voto particular del exfiscal general Conde-Pumpido. En esta ocasión el Gobierno no ha esperado ni a la notificación de la sentencia para deslegitimar la decisión de la mayoría. Hasta en el TC hay quien piensa que una de las razones de la salida de Calvo está vinculada a no haber advertido a Sánchez de «la gravedad de lo que al Gobierno se le venía encima».