El Gobierno salva el decreto que sustituye al estado de alarma entre un aluvión de críticas

El desgaste sufrido por el Gobierno en este tiempo, no obstante, va más allá de lo aritmético. El abanico de reproches durante el debate, celebrado esta mañana, se ha sucedido incluso entre los grupos que han decidido respaldar el decreto por la necesidad de que continúen vigentes las medidas de protección social de los colectivos más vulnerables.

Con el real decreto ley, que se tramitará como proyecto de ley a petición de la Cámara Baja, se prorrogan medidas como la prohibición del corte de suministros básicos y de desahucios contra personas en riesgo de exclusión social. Pero también se introduce la posibilidad de que las comunidades autónomas recurran en casación directamente al Tribunal Supremo cuando los tribunales superiores de Justicia tumben las restricciones aplicadas para hacer frente al Covid-19 .

La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera , ha defendido el real decreto ley como una herramienta para «reforzar la protección» a las personas en vulnerabilidad, pero también para «dotar de cobertura legal a las medidas sanitarias de orden urgente». Es este segundo punto el que ha generado más recelos entre los partidos ajenos al Gobierno, que entienden que el Ejecutivo delega la gestión de la pandemia en el Tribunal Supremo .

Han votado a favor el PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts per Catalunya, el PDECat, Más País y Coalición Canaria (CC), entre otros; en contra, el PP y Ciudadanos (Cs); y de nuevo, como sucedió en el real decreto ley sobre los fondos europeos, Vox ha sorprendido con su abstención pese a mantener una durísima intervención en el pleno. El PNV también se ha abstenido.

La diputada de CC, Ana Oramas , ha justificado su apoyo por las medidas de protección social, pero ha sido muy crítica con el Gobierno, al que ha censurado por «escurrir el bulto», y le ha preguntado qué pasará si el Tribunal Supremo, en el recurso de casación interpuesto por Canarias, determina que no es aplicable un cierre perimetral que el Ejecutivo autonómico considera indispensable. «Han desertado de la primera línea del frente. El mensaje equivocado que se está transmitiendo a los ciudadanos es que ya podemos bajar la guardia», ha sentenciado.

Josune Gorospe , del PNV , ha dicho que el Ejecutivo intenta «pasar de puntillas» tras el estado de alarma y ha criticado la «prisa» por levantar el paraguas legal que dotaba de seguridad jurídica a las comunidades autónomas para imponer restricciones. «Han hecho la política de yo, me, mí, conmigo. Unilateralmente han levantado el estado de alarma y unilateralmente han decidido las medidas a incluir en el real decreto. No nos han llamado para nada. Lo que tendrían que haber hecho es legislar para que las comunidades pudiesen aplicar medidas sin necesidad de acudir a ningún tribunal», ha determinado la diputada nacionalista.

«No nos sometan al chantaje, que es lo que vienen haciendo con el real decreto ley. Mezclar la competencia del Tribunal Supremo con las medidas de protección social es un chantaje y por ahí no vamos a pasar», ha dicho Edmundo Bal , portavoz de Cs, cuyo grupo ha votado en contra, pero ha registrado una proposición no de ley con las medida sociales del real decreto ley, con las que sí estaban de acuerdo. El abogado del Estado ha avisado de que el Supremo «solo conoce la interpretación de la norma», pero no los hechos, por lo que ha criticado que se delegue la decisión final en el Alto Tribunal.

Con el plan B de Cs, que preveía que fuese la Audiencia Nacional quien ratificase directamente las restricciones y no los tribunales superiores de Justicia, Bal cree que se habría evitado el «caos jurídico» actual y la incoherencia de que en la Comunidad Valenciana, región de Europa con menos contagios, haya un toque de queda avalado por la Justicia, pero que no se dé en Canarias o en Navarra, con más casos de coronavirus .

Genís Boadella , del PDECat , le ha recordado a la vicepresidenta Ribera que tanto el presidente, Pedro Sánchez , como la vicepresidenta Carmen Calvo se comprometieron con la oposición a emprender reformas legales para dotar de garantía jurídica a las comunidades sin necesidad de recurrir a un estado de alarma. Además, ha cuestionado la «extraordinaria y urgente necesidad» que debe tener todo real decreto ley ya que, ha subrayado, todos eran conscientes de que el estado de alarma finalizaba el 9 de mayo y se han perdido seis meses para legislar.

«Prisas, responsabilidades y parches», ha repetido en su intervención el diputado de Vox Pablo Calvo Liste , quien ha acusado al Gobierno de introducir la «cogobernanza» en la ecuación para asumir un menor «desgaste político». «Introducen un recurso de casación que pretenden que se tramite en tiempo récord. Los jueces no pueden sustituir al Gobierno», ha advertido, y ha señalado que el Supremo ya ha mostrado sus recelos con que se acometa semejante cambio en el funcionamiento de la Justicia con una norma del rango de un real decreto ley. Pese a ello y pese a la beligerancia que ha mantenido Vox con la implementación de cualquier restricción, el partido de Santiago Abascal se ha abstenido.

Por parte del PP , Carlos Rojas ha cargado contra el «caos jurídico» al que ha abocado el Gobierno y ha insistido en ese plan B jurídico que el PP puso hace meses sobre la mesa para reformar la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y que las comunidades autónomas puedan aplicar restricciones con garantías. El diputado popular ha reprochado al Ejecutivo que pase «sus deberes y obligaciones» al Supremo y que haya evitado legislar en todos estos meses, en línea con lo que le han formulado el resto de grupos intervinientes.

«Este es un Gobierno incapaz de escuchar», ha atizado Rojas, quien ha cuestionado la posición institucional en la que se está situando al Supremo, a quien se quiere cambiar su función contencioso-administrativa por una «ejecutiva». «¿Los decretos están para echar la pelota a los jueces y que los tribunales cogestionen y decidan?», ha preguntado a la vicepresidenta, muy reacio con el uso de un real decreto ley para, ha dicho, «cambiar el funcionamiento jurídico de este país».

De entre todos los portavoces del debate, solo han respaldado el decreto sin peros ni matices los diputados de los partidos del Gobierno. El secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas , ha aprovechado su intervención para atacar a la derecha y acusarla de «abdicar de su responsabilidad». El socialista ha cargado contra Bal, a quien ha acusado de votar en contra «por fastidiar», y contra Rojas, a quien le ha echado en cara que se posicione en contra pese a que el real decreto incluye un control sanitario a los viajeros que llegan del extranjero .

La crítica principal del PP y de Cs -y también de otros partidos que se han abstenido e incluso han votado a favor- no está en las medidas sociales ni de control de la pandemia, sino en que se ceda el rol de decisión al Supremo cuando el Gobierno ha evitado posicionarse sobre las medidas que son o no necesarias en este punto de la pandemia. Pero Simancas ha negado que el Ejecutivo se haya «desentendido» y ha afirmado que no se podía «alargar más» el estado de alarma y que es suficiente con la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para «tomar todas las medidas necesarias». Algo en lo que no todos los tribunales están de acuerdo, como se vio durante la segunda ola del Covid-19 y se está repitiendo ahora. «Quieren que el confinamiento lo decreten las comunidades autónomas sin control parlamentario ni judicial», ha añadido Simancas, en alusión al plan B de los populares.

Rosa María Medel , de Unidas Podemos , también ha arremetido contra los partidos de la derecha -ni el PSOE ni Podemos han respondido a las críticas vertidas por sus propios socios- y ha tachado de «desfachatez» que los populares reclamen celeridad en la vacunación y después se posicionan en contra de liberar las patentes de las farmacéuticas. Ni ERC ni Bildu , que habían sopesado la abstención a lo largo del día y finalmente han votado a favor, han participado en el debate.