El Gobierno ofrece una plaza en el TC al instructor de la querella contra Garzón

A finales de año, las vacantes en el Tribunal Constitucional ascenderán de las cinco actuales a ocho. A las cuatro que llevan pendientes de renovación en el Senado desde hace más de dos años, se suman la causada por el fallecimiento de Roberto García Calvo y las otras tres cuya renovación deberá producirse también el próximo mes de noviembre en el Congreso. Si bien ya hay precandidatos para las plazas del Senado, todas las quinielas están abiertas para la tanda de la Cámara Baja. Sin embargo, PSOE y PP no han empezado aún a negociar.

Pero las maniobras del Ejecutivo, que habrían comenzado a la vuelta del pasado verano -coincidiendo o justo después de la declaración de Garzón como imputado-, no se habrían limitado a eso. Los medios antes citados aseguran que, antes de optar por ofrecerle ese «premio», el magistrado del Supremo habría recibido diversos mensajes provenientes, al parecer, del entorno de los Ministerios de Presidencia o de Interior.

En la actualidad Garzón instruye un procedimiento de gran interés para el Gobierno, de ahí que las fuentes consultadas crean que la estrategia de Moncloa pase por evitar que la causa penal contra el juez siga adelante. De no ser así, Garzón sería suspendido y apartado del juzgado.

El procedimiento en cuestión es el del «chivatazo» a ETA de una operación contra la red de extorsión de la banda que operaba en el bar «Faisán» de Irún. En mayo de 2006 fue interceptada una conversación telefónica en la que Imanol Elosúa, propietario del citado bar y jefe de una de las redes de cobro del chantaje etarra, le decía a su yerno que un «madero» le había avisado de que iba a ser detenido. Este episodio habría sido utilizado por el Gobierno en los contactos que mantuvo con ETA en el verano de ese mismo año.

Parte de las diligencias de investigación abiertas sobre el «chivatazo» han permanecido bajo secreto de sumario hasta fechas recientes y, según las acusaciones personadas -la Fiscalía ha pedido el archivo-, Garzón las habría «dejado dormir en un cajón durante meses». En la actualidad, la Sala Penal tiene en sus manos un recurso de Dignidad y Justicia y, en gran medida, la llave para que la causa siga adelante o sea archivada. Además, hay otra parte que sigue bajo secreto sumarial, toda vez que contiene, entre otros asuntos relacionados con el «soplo policial», material sensible para la lucha antiterrorista. Algunas fuentes señalan que entre ese material podrían encontrarse grabaciones que fueron realizadas durante la última tregua de ETA y el proceso de negociación con la banda.

Fuentes del TS creen que las «presiones» recibidas por Varela bien podrían ser la causa principal -aunque quizás no la única- de su tardanza en tomar una decisión sobre el archivo o no de las tres querellas presentadas contra Garzón. Máxime cuando, al poco tiempo de la admisión a trámite por la Sala Segunda de la primera de ellas -la de Manos Limpias, luego vendrían las de Libertad e Identidad y Falange Española de las Jons-, Varela afirmó delante de muchos de sus compañeros su intención de resolver rápidamente el asunto y, casi con toda seguridad, de llevar a juicio al querellado. El escrito de Manos Limpias fue admitido a trámite el 27 de mayo de 2009, pero al instructor le faltaba escuchar la versión de Garzón.

Los casi ocho meses de instrucción de esta causa parecen excesivos no sólo a la defensa del magistrado de la Audiencia, que ha llegado a sostener que está siendo «injustificadamente retardada», o a la Fiscalía, que el jueves pasado reiteró su petición de archivo por no haber delito y advirtió de «la necesidad de poner fin a la investigación».

También en medios del Supremo se considera excesivo el tiempo empleado por Varela en un procedimiento en el que, junto a la declaración de Garzón (el 9 de septiembre de 2009) y la comprobación de los hechos (el contenido de las resoluciones supuestamente prevaricadoras), no es necesaria la práctica de muchas más diligencias de prueba. A día de hoy, Luciano Varela sigue «investigando».

Entre sugerencias y ofertas de futuro, el Gobierno ha situado al magistrado del Supremo en una situación aún más «incómoda» que la provocada por la propia naturaleza del procedimiento. Distintos medios judiciales coinciden en que la posición de la Fiscalía -que defiende la inocencia de Garzón y el archivo- es otro de los factores que podrían estar retrasando la decisión final de Varela. Los únicos que acusan al juez son los querellantes, Falange, Manos Limpias y Libertad e Identidad, de un perfil político afín.

La de la memoria histórica no es la única causa penal a la que se enfrenta Garzón. En el TS se tramitan otras dos, aunque ninguna de ellas ha sido admitida a trámite por la Sala Segunda. Se trata de dos querellas: la primera por las subvenciones con las que se financiaron los cursos que el juez impartió en Nueva York y la segunda por las intervenciones telefónicas que ordenó practicar a varios imputados del «caso Gürtel» durante las comunicaciones con sus abogados. Si cualquiera de estas dos querellas fuera admitida a trámite, Varela se vería liberado de la responsabilidad de «abrir la veda» contra un juez de gran prestigio internacional y que ha prestado servicios como abrir la vía de la ilegalización de Batasuna y otras organizaciones de ETA.