Un puesto a cambio de silencio

LA preocupación del Gobierno por la evolución del sumario sobre el «caso Faisán» -las últimas revelaciones periodísticas de ABC colocan al Ejecutivo socialista en una situación cada vez más incómoda- es la causa más probable de la proposición que ha recibido el magistrado de la ... sala Segunda del Tribunal Supremo Luciano Varela para ser miembro del Tribunal Constitucional. El juez Varela es el instructor del procedimiento penal contra Baltasar Garzón por la presunta prevaricación cometida por éste al incoar el sumario por los desaparecidos del franquismo, pese a ser evidente que no tenía competencia para esta investigación. La información que hoy publica este diario sobre las presiones al juez Varela revela una injerencia en la independencia judicial de tal magnitud que debe ser objeto de explicaciones inmediatas por parte del Gobierno. No es admisible en un Estado de Derecho que el Ejecutivo ande trapicheando puestos en las más altas instituciones para cerrar procesos que le incomodan y «apaciguar» a los jueces que le quitan el sueño. No hay que confundirse. El problema del Gobierno no se llama Garzón. Se llama «Faisán», y si su preocupación no fuera creciendo por días, no se explicaría la osada iniciativa de tentar a un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con un trueque de cargo por silencio. Además, aun en el caso hipotético de que se archivara la causa contra Garzón, las acusaciones personadas siempre podrían recurrir ante la Sala Segunda. En el Constitucional no hay plazas para tantos.