El Gobierno ignora el 42% de los fallos en su contra del Consejo de Transparencia

La cuestión no es menor. El Gobierno, sus Ministerios y otros organismos estatales han decidido, de manera consciente y pese a las advertencias de dicho Consejo -garante del derecho de los ciudadanos a que la Administración rinda cuentas ante ellos-, esconder cierta información que estaban obligados a entregar en virtud de lo establecido por la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno . No sin antes poner a prueba la paciencia del reclamante.

Cualquier reclamación de información elaborada por un ciudadano ante la Administración comienza en el portal de Transparencia. En caso de que el organismo responda, no hay problema y el proceso acaba ahí. Pero si la Administración se muestra reticente a facilitar la información, el ciudadano tiene derecho a solicitar amparo al Consejo de Transparencia que, si lo considera oportuno, puede volver a exigir esa misma información en nombre del reclamante e incluso puede dictar resoluciones que obliguen a los poderes públicos a dar la información.

Entre junio de 2018 y septiembre de 2019, el periodo del que hay datos y que se corresponde con la era Sánchez, el Consejo ha dictado 929 resoluciones. De todas ellas, 421 dieron la razón al ciudadano : es decir, ponen de manifiesto que la Administración estaba escondiendo una información que debía facilitar. Entre estas 421 resoluciones que estimaron oportunas -de manera total o parcial- las reclamaciones ciudadanas, en 180 casos la Administración ignoró, directamente, las resoluciones del Consejo que le obligaban a hacer públicas ciertos datos. En porcentaje se traduce en que los derechos de la ciudadanía fueron vulnerados en un 42,75 % de las ocasiones.

Como el Consejo de la Transparencia especifica en su página web oficial, sus resoluciones son «de obligado cumplimiento» para el gabinete al que vayan referidas. Pero si, pese a ello, la Administración sigue negándose a ofrecer los datos solicitados, se abre un panorama complicado para el ciudadano, que debe elegir. La primera opción es rendirse y dejar que su petición, aunque tenga la razón, muera; y la segunda es embarcarse en un procedimiento judicial que puede alargarse hasta un momento en el que la información solicitada no tenga ninguna trascendencia.

Si, por el contrario, el organismo público no está conforme con la resolución del Consejo y considera que no debe facilitar la información en juego, debe recurrir a los tribunales igualmente y, en ese caso, será el Consejo quien asuma los gastos por defender al reclamante.

Las resoluciones del Consejo en las que se daba la razón al ciudadano y que ignoró la Administración afectan a todas las áreas, desde la Secretaría General de Presidencia hasta los distintos ministerios. Los viajes del presidente del Gobierno en el famoso avión Falcon son motivo de numerosas cuestiones ante las que Presidencia guardó silencio. La Memoria Histórica es otro de los temas ante los que la Administración, en este caso el Ministerio de Justicia, prefiere mirar a otro lado pese estar obligado a emitir una respuesta a la cuestión recibida por parte de los ciudadanos, que se topan, cuando la pregunta tiene una respuesta incómoda, con la misma respuesta: ninguna.

También recibieron el silencio del Ejecutivo, pese a la resolución favorable para los ciudadanos del Consejo, cuestiones que han complicado la etapa de Sánchez en La Moncloa . Es el caso de la política migratoria, donde quedaron sin respuesta peticiones de información referentes a la llegada de inmigrantes ilegales a España, los expedientes de devolución de inmigrantes irregulares o la situación de los menores extranjeros no acompañados (Menas). El Gobierno también calló, entre otros casos, sobre la declaración de actividades del presidente, el documento con los 21 famosos puntos que le entregó Quim Torra en el polémico encuentro de Pedralbes o el coste de los Consejos de Ministros que se celebraron fuera de Madrid.

Por muchas leyes que se formulen o reformen para favorecer el Buen Gobierno, y a tenor de los datos expuestos sobre estas líneas, parece que el acceso de los ciudadanos a la información pública sigue siendo un camino de espinas.

Más todavía cuando el Gobierno se afana en mirar hacia otro lado cuando no le interesa responder a las cuestiones más incómodas . Y eso que no se las formulan otros partidos, sino los ciudadanos a los que, curiosamente, debe servir el Ejecutivo y ante los que debe rendir cuentas por ley.