El Gobierno vulnera otra vez una resolución del Consejo de Transparencia sobre el uso del Falcon

Tanto ésta como la anterior conclusión del CTBG surgen después de que Luis Salom, miembro del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, solicitara la información. En un primer momento, Salom demandó la aclaración al Portal de Transparencia del Gobierno: quería conocer el «coste aproximado y sin desglosar de todo el desplazamiento del presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para este desplazamiento». Pero la negativa de Presidencia le obligó a poner una reclamación en el Consejo de Transparencia.

Así, el 21 febrero el CTBG estimó a toda luz su petición y se pronunció exigiendo a Sánchez que remitiese la información en diez días. Pese a ello nunca lo hicieron. El Ejecutivo no solo obvió la reclamación del órgano, sino que además esgrimió la Ley de Secretos Oficiales para no públicar los informes de los viajes.

Presidencia, en su respuesta en enero, advirtió que «tratándose de materia clasificada, tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma (...) en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, no cabe facilitar más información que la que se proporciona». Como ya publicó este diario, lo único que consiguió Salom fue un irrisorio enlace que remitía a la web oficial donde se publica la agenda gubernamental.

Pasado el plazo en el que La Moncloa ha vulnerado el dictamen del Consejo de Transparencia del 21 de febrero, Salom volvió el 29 de marzo a poner una nueva reclamación al Consejo de Transparencia, que volvió a ser aceptada.

Según ha podido saber ABC, en una carta firmada por la subdirectora general adjunta de Transparencia y Buen Gobierno, Mercedes Paja Fano, a fecha 3 de abril, asegura que se ha remitido al Ministerio de Presidencia «la necesidad de cumplir de forma inmediata lo señalado» por el organismo.

Así que, ahora, una vez más, el Consejo de Transparencia insta «de forma inmediata» al Gobierno a que remita al reclamante el «listado completo de personas dependientes de La Moncloa y Presidencia del Gobierno que disponen de autorización para usar el Falcon del Ministerio de Defensa, especificando nombre, apellidos y cargo institucional que ostenta». Asimismo, se exige que se facilite la información «sobre cada uno de estos cargos, el numero de veces que ha utilizado el Falcon, desde el pasado 1 de junio de 2018 hasta el 20 de octubre de 2018».

El Gobierno tendrá nuevamente diez días hábiles para entregar la información que se le pide o, en caso contrario, volverá vulnerar la Ley de Transparencia.