El Gobierno eludió un requisito obligatorio para agilizar su ley de Memoria Histórica

La MAIN es un dosier que sirve para examinar, antes de aprobar cualquier ley, todas las implicaciones, tanto económicas, como sociales o legislativas, que un nuevo proyecto normativo podría llevar aparejado. También recoge las aportaciones realizadas por la ciudadanía en una consulta previa. Corre a cargo del ministerio que proponga cada anteproyecto y, como deja claro la ley 50/1997, de 27 de noviembre , debe estar elaborado con anterioridad a que el anteproyecto sea remitido al Consejo de Ministros para su primera evaluación. Esta ley marca el procedimiento que debe seguir la Administración al intentar sacar adelante un anteproyecto normativo.

En el artículo 26, punto 3, la ley especifica la obligatoriedad de la elaboración «con carácter preceptivo» de la MAIN. En su punto cuarto, la ley expone el siguiente paso para tramitar un anteproyecto, que no se puede dar si dicha memoria no está elaborada. «Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros». Es decir, el anteproyecto no puede ser remitido al Consejo de Ministros sin antes haber elaborado la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.

En este caso, la vicepresidenta Calvo anunció el pasado 15 de septiembre que el Consejo había aprobado el anteproyecto en su primera lectura. No obstante, el gabinete de Memoria Democrática fecha a día 10 de noviembre la Memoria de Análisis de Impacto Normativo , casi dos meses después. Así figura en el Portal de Transparencia, donde el ministerio publicó este documento antes de afrontar el trámite de audiencia pública, la segunda ocasión en que el proyecto se abre al escrutinio de ciudadanos y asociaciones tras la consulta previa del verano.

ABC ha preguntado al departamento de la vicepresidenta primera por este desajuste en las fechas. Fuentes oficiales rechazan cualquier desfase y señalan que la tramitación se está desarrollando en tiempo y forma. La explicación del gabinete a que en el documento figure el 10 de noviembre y no una fecha anterior a la primera lectura del anteproyecto -15 de septiembre- es que esa fecha, pese a encontrarse en el cuerpo de la memoria, se corresponde con el momento en el que se subió el documento en formato pdf a internet.

Las fuentes jurídicas consultadas por ABC coinciden al señalar que el desfase entre ambas fechas es un hecho objetivo y que, al tratarse de la única fecha existente en este documento oficial, hace referencia al momento en el que fue elaborado, al contrario de lo que manifiesta el Gobierno. Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, también hace referencia, al ser consultado por este diario, a que se trata de la única fecha que figura en el documento oficial, por lo que es la que determina cuándo se ha elaborado. Además, en este caso el dato es relevante para poder comprobar si se cumple con el procedimiento por etapas que estipula la ley.

No obstante, las fuentes consultadas matizan que el carácter garantista de la norma permitiría, al menos en su interpretación más práctica, que el Gobierno pudiera enmendar su falta con posterioridad antes de que el texto del anteproyecto regresara al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. De hecho, el gabinete de la vicepresidente fue precisamente lo que hizo, puesto que la MAIN fue publicada ese 10 de noviembre.

Blanes coincide en el diagnóstico y subraya que esta situación «podría ser considerada una irregularidad formal no invalidante». Esto se debe, como desgrana, a que, aunque los tiempos que marca la ley no se han respetado, «seguramente un juez no anularía el procedimiento porque, aunque haya sido con posterioridad, sí que han subido una memoria que cumple con los requisitos que expone la ley aunque sea de forma genérica». Blanes, en este punto, distingue entre la primera y segunda lectura que el Consejo de Ministros debe hacer de este anteproyecto: «La primera decisión es de trámite, ya que con ella se inicia el procedimiento. No obstante, es cierto que la memoria debería haber estado. Pero la segunda es la que bendice definitivamente el proyecto y en este momento sí que se debe contar con todos los documentos sin ninguna salvedad».

El experto añade también que la infracción hubiera sido mucho más grave si el documento no hubiera estado elaborado con anterioridad al proceso de audiencia pública. Según figura en el apartado de Transparencia del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la audiencia pública, en la que se pregunta directamente a asociaciones y colectivos relacionados o afectados por la nueva ley, se realizó entre el 11 de noviembre y el 3 de diciembre del pasado año. Arrancó justo un día después de la fecha que figura en la memoria. Un plazo algo justo pero, con la ley en la mano, suficiente.

La nueva ley de Memoria Histórica, que el Gobierno ha bautizado de Memoria Democrática, es una de los puntos fuertes dentro del programa ideológico del Ejecutivo y en La Moncloa, como publicó este diario recientemente, esperan que salga adelante en el primer semestre del año . Sin embargo, y como llevan denunciando desde hace mucho tiempo los familiares de víctimas de la guerra civil o el franquismo ante la falta de resultados tangibles, parece que la ley es una de esas banderas que enarbola el Gobierno de forma recurrente cada vez que necesita reforzar su posición. Anunciar el inicio de la tramitación de una norma tan sensible con desajustes de fechas en documentos como la MAIN parece un eslabón más en esta cadena.