El Gobierno desautoriza al jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil sin que la oposición crea su versión

De las palabras literales del general cabría deducir que el Gobierno utiliza a la Guardia Civil para su beneficio político, y que el Instituto Armado ha accedido a cumplir esa orden ilegal. Fuentes de la Benemérita consultadas por ABC achacaron la frase a un «error» de comunicación de un profesional que no está preparado para dar ruedas de prensa cada día , como le exige el Gobierno, y que en ese contexto se ha producido un indudable fallo en la transmisión de la idea que el general Santiago quería poner sobre la mesa.

El problema está que ese «lapsus» se produce en un momento en el que el Gobierno es cuestionado desde múltiples ámbitos por los excesos en los que, según estas opiniones, está incurriendo con el pretexto de la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Por supuesto, en este contexto la desafortunada frase provocó un auténtico terremoto político.

Ayer mismo ABC publicaba unas páginas especiales en las que se hacía un recorrido por todos los abusos del Gobierno de Pedro Sánchez. Estas son solo algunos de los más graves: el Gobierno solo comenzó a dar explicaciones en el Congreso tres semanas después de que comenzara la crisis. Durante las tres primeras semanas, las ruedas de prensa estuvieron mediatizadas porque era el secretario de Estado de comunicación, Miguel Ángel Oliver, el que seleccionaba las preguntas , que por tanto eran conocidas con antelación por los comparecientes. Aquello acabó gracias a una iniciativa impulsada por ABC.

Además, el Ejecutivo utilizó el estado de alarma para anular el Portal de la Transparencia , y lo hizo además por decreto-ley ante la avalancha de preguntas de los ciudadanos relacionadas con la crisis sanitaria. De esta forma, evitaba tener que responder, como si la información fuera perjudicial para la gestión de la Covid-19.

Otro de los grandes hitos en esta materia fue el último barómetro del CIS de Tezanos, que además adelantó quince días, en el que preguntó sobre la necesidad de controlar a los medios de comunicación, a los que presentaba además como propagadores de bulos. Todo ello sin distingur a la prensa de las redes sociales. También hacía preguntas sobre la necesidad de llegar a pactos presentándolas de una forma en las que la única respuesta razonable era la afirmativa.

Finalmente, el pasado jueves el PSOE presentó ante la Fiscalía una querella contra Vox , lo que supone utilizar al Ministerio Público, que dirige una exministra que se presentó en las listas del PSOE en las últimas elecciones, para silenciar a la oposición.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que horas después también compareció en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, trató de aclarar las cosas. Aseguró que no había podido escuchar la intervención del jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, pero añadió que si era cierto lo que le había llegado se trataba de un error: «Desconozco lo que se haya podido manifestar porque estaba en la reunión de la Conferencia de Presidentes. Si esas son las expresiones que ha proferido, ha debido de ser un lapsus del general al contestar », dijo. «El estado de alarma –añadió– no cambia ni modifica nada y los bulos son aquellos que tienen un contenido absolutamente falso y su voluntad no es otra que causar de una forma engañosa, torticera e indebida una gran alarma social con riesgo objetivo para el orden público. Y ahí no entra para nada la crítica».

«El bulo conduce a falsedades independientemente del contenido, con la finalizad de engañar, un fin lucrativo o provocar alarma social», insistió; «Todos entendermos que esto es peligroso para la salud pública» , precisó, para explicar que las críticas al Gobierno, más o menos duras, basadas en hechos ciertos o no, entran en el ámbito de la libertad de expresión y en ningún caso se persiguen.

En la misma rueda de prensa, Margarita Robles abundó en todo ello: «Hay un compromiso absoluto y total de defensa de la libertad de expresión por parte de este Gobierno y que nadie siembre dudas de tipo jurídico de que la declaración de estado de alarma implica una restriccion de derechos y libertades de expresion porque esto no es así, la libertad de expresión es sagrada y está recogida en la Constitución».

El problema, claro, es que estas palabras, sin duda impecables, coinciden con el hecho de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias , se haya manifestado en contra de los medios de comunicación privados: «Si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente »... No se le conoce rectificación alguna sobre ese pensamiento, expresado en 2013, y que se complementan con declaraciones posteriores del mismo estilo.

En la Guardia Civil hay malestar por la polémica desatada a raíz del desliz del general Santiago, un hombre de prestigio y carrera intachable. «Se aprovechan del error de un profesional para sacar rédito político –explican fuentes del Cuerpo consultadas por ABC–; para eso no les importa pisotear el prestigio de la Benemérita, que tanto nos cuesta ganar a diario... Eso sí; quienes lo hace, además aseguran que son los grandes defensores del Instituto Armado». Y hacen una reflexión: «Si de verdad fuera cierto, ¿alguien se cree que el general sea tan estúpido de admitir algo así, que es una ilegalidad manifiesta, en una rueda de prensa?».

Ya de forma oficial, la Guardia Civil hizo público este comunicado: «La labor de monitorización que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en las que participa la Guardia Civil, está destinada exclusivamente a detectar aquellos bulos y desinformaciones que generan un gran nivel de estrés y alarma social , especialmente en temas de salud. Se hace siempre con escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y a la crítica. Se monitorizan los bulos que pretenden generar alarma social, nunca la libertad de expresión. La Guardia Civil es uno de los principales garantes de la libertad de expresión».

Moncloa estudia ahora que las Fuerzas de Seguridad y el Ejército ya no estén en las ruedas de prensa diarias del comité técnico . Este es el segundo contratiempo; el primero, el día en el que el DAO de la Policía reveló que ya en enero se ordenó comprar mascarillas y guantes... Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma en marzo.