Isabel Celaá, portavoz del Gobierno y ministra de Educación
Isabel Celaá, portavoz del Gobierno y ministra de Educación - EP

El Gobierno aprobará por decreto sanidad para todos los «sin papeles»

En unas «seis semanas» presentará un Real Decreto que anulará el de Rajoy

La ministra habló con los consejeros autonómicos y les advirtió de que no tocarán el copago

MadridActualizado:

Tras dos semanas como presidente, con un ministro ya obligado a dimitir, otro imputado y tras asumir la crisis del barco Aquarius, Pedro Sánchez trata de recuperar iniciativa política y salir del espacio reactivo en el que se ha instalado en sus primeros días en el cargo. Para hacerlo, el Consejo de Ministros adoptó ayer su primera decisión de calado desde que Sánchez llegó a la Moncloa: recuperar el carácter universal del Sistema Nacional de Salud volviendo a integrar en el sistema a las personas en situación irregular.

El Consejo de Ministros dio ayer el primer paso en esta dirección anunciando que abría «un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y con la sociedad civil para devolver la asistencia sanitaria integral a todas las personas», anunció la portavoz del Gobierno, Isabel Celaà.

El Gobierno anulará el Real Decreto 16/2012 que introdujo la condición de estar dado de alta en la Seguridad Social para poder acceder a la sanidad pública, con lo que «dejó sin asistencia a personas en situación irregular». Aquella decisión del anterior Gobierno no afectaba a menores, embarazadas y asistencias en urgencias.

Calendario aproximado

Para revocar esa medida el Gobierno aprobará otro Real Decreto que revocará la norma del año 2012. Ese «proceso dialogado» con el resto de autonomías, que deben prepararse para la nueva situación, es lo que provocará que el nuevo Real Decreto no sea inminente. Celaà estimó que se tardará «unas seis semanas» en aprobar en una nueva reunión del Ejecutivo.

Una vez el Real Decreto pase el Consejo de ministros se necesitarán 30 días más para que fuese convalidado por el Congreso de los Diputados. En este sentido, el Grupo Socialista tiene que articular una mayoría suficiente en la Cámara para que sea respaldado. En el caso de que no fuera así no podría aplicarse. Tras la comparecencia, fuentes gubernamentales insistieron en presentar este calendario como «aproximado» y no como algo definitivo.

Desde el Gobierno socialista mostraron su convencimiento de que ninguna región se resistirá a esta nueva realidad, porque muchas de ellas ya arbitraron mecanismos para sortear el Real Decreto de 2012. Unas medidas, como fue el caso del Gobierno valenciano, que fueron anuladas en 2017 por el Tribunal Constitucional. El Gobierno de Rajoy recurrió la ley de sanidad de esta comunidad autónoma, que permitía atender a los «sin papeles», sin restricciones.

Pero lo cierto es que las nuevas obligaciones financieras que se deriven de esta situación tienen lugar en un momento en el que las comunidades están reclamando, ya lo hacían al anterior Ejecutivo, un nuevo acuerdo en materia de financiación autonómica para poder prestar los servicios públicos esenciales.

El Gobierno centró su decisión en la integración en el sistema de las personas que perdieron su derecho, pero la anulación completa del Real Decreto de 2012 tendría otras consecuencias. Quedarían sin efecto las medidas sobre la prestación farmacéutica que incluyeron copagos en función del nivel de renta y que por primera vez afectaron a los pensionistas. También se trataba de poner fin al conocido como «turismo sanitario». Todo eso queda ahora en el aire. La ministra de Sanidad se reunirá con los consejeros autonómicos la última semana de junio para abordar la nueva situación.

El proyecto de contrareforma a la política sanitaria del Gobierno de Rajoy, que aprobó esta medida dentro del paquete anticrisis, es una de las prioridades de la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón. El Gobierno no ha aportado la estimación de impacto económico de esta medida, pero está claro que forma parte esencial de su nuevo relato político: «Es una cuestión de decencia política y un mandato de todos los organismos internacionales: de la ONU, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud», señaló Celaà. Los socialistas nunca han planteado esta cuestión desde una perspectiva financiera: «La salud es un derecho; la protección de la salud es una obligación. Vamos a devolver el derecho a la salud a todas las personas», dijo ayer la portavoz.

«Efecto llamada»

Esta medida del Gobierno puede provocar un «efecto llamada» y supone un vuelco en la política migratoria que se había aplicado hasta ahora. Las consecuencias son imprevisibles, tanto desde el punto de vista del aumento de las listas de espera, como del déficit público.

Desde el Partido Popular y las comunidades gobernadas por esta formación política se ha recibido con prudencia este anuncio y antes de pronunciarse «vamos a esperar a conocer los detalles», que se darán a conocer en la Conferencia Sectorial convocada para el próximo día 28.

La ministra telefoneó el jueves a los consejeros autonómicos de Sanidad para informarles de la medida, según ha podido saber ABC de fuentes solventes. Montón les insistió que, por ahora, solo van a modificar la parte asistencial y no el copago farmaceútico. Las regiones del PP ya solucionaron el problema de la cobertura con decretos, mientras que las del PSOE lo hicieron por ley y las anuló el TC. Las regiones del PP advierten de que si se les obliga a disparar el gasto farmacéutico «pedirán más financiación».