Gallardón: «Lo más progresista que he hecho en mi vida política es defender el derecho a la vida»

En una entrevista en TVE, Gallardón ha explicado que la anunciada reforma fijará una serie de «supuestos» en los que el aborto estará despenalizado y no de plazos, como actualmente. Solo se permitirá en una serie de circunstancias que concretará el Ejecutivo aunque esto «no significa de ninguna de las formas que en todos los supuestos la interrupción voluntaria de embarazo vaya a suponer un reproche penal».

El Gobierno corrige además «un error de la última ley» que permitía que jóvenes de 16 y 17 años no necesitaran el permiso paterno para abortar «cuando tienen que pedir permiso para un piercing o un tatuaje».

Ruiz-Gallardón ha explicado otro de los puntos de la reforma judicial, el anuncio de la prisión permanente revisable, que ha dicho «es incompatible con la cadena perpetua». Se establecerá para delitos «muy concretos», como violación o terrorismo, con el objetivo de que la libertad del preso «no esté condicionada a unos años determinados, sino a que esa persona se haya rehabilitado socialmente», aunque siempre con unos mínimos y máximos.

Vigilancia penitenciaria constatará el cumplimiento de esas condiciones, según ha señalado el ministro, que se ha referido al concepto de «máxima repulsa social», que deberán interpretar «los diputados y senadores».

En cuanto al establecimiento de nuevas tasas para quienes recurran una sentencia judicial, que serán devueltas en el caso de que se estime su pretensión, Gallardón ha defendido que es «un mecanismo de justicia» que «solo penaliza a los litigantes que, no teniendo fundamento para recurrir, lo hacen».

Con esta medida, «no cargamos a los contribuyentes de un exceso de litigiosidad», ha añadido el ministro, que ha negado que las tasas vayan a beneficiar a los que tienen dinero. «Ninguna de las tasas serán disuasorias».

El titular de Justicia ha anunciado que el Gobierno está a la espera de que el PSOE designe un interlocutor para iniciar el diálogo para renovar el Tribunal Constitucional con el objetivo de que «no haya un reparto de miembros en función de los votos», sino que se elijan a las personas «que cumplan los requisitos» para ser miembros del TC.

Se ha referido también al cambio de elección de jueces para el Consejo General del Poder Judicial. «Es la primera vez en la historia de la democracia en que los políticos damos un paso atrás para dejar más poder a quienes se lo daba la Constitución», aha subrayado Ruiz-Gallardón.

El cambio que aprobó el PSOE tuvo «una repercusión muy negativa en la imagen del funcionamiento de la justicia», al arrebatar a los jueces y magistrados el poder de elección de doce de los veinte miembros, dejándoles sólo la facultad de proponerlos. «Decisiones justas y equilibradas se veían tachadas de contaminación política» porque se asociaban al partido que había elegido a los magistrados, en lugar de a su profesionalidad.

«Un juez democrático no lo es porque haya sido elegido por los ciudadanos en una urna, es el que aplica la ley que democráticamente ha sido aprobada en el Congreso», ha insistido.