Los funcionarios se movilizarán si se privatiza la seguridad de las prisiones

Este sindicato de funcionarios responde así a la intervención que el pasado 28 de junio realizó en la Comisión del Congreso el secretario de Estado para la Seguridad, Ignacio Ulloa. Una intervención en la que se refirió a la seguridad en las prisiones dentro de un contexto de crisis económica. «No queda más remedio -dijo- que buscar alternativas, la alternativa de la seguridad privada». «Evidentemente, si necesitamos 1.800 funcionarios de Instituciones Penitenciarias y no vamos a tener copnvocatorias, no sé cómo podemos entonces abrir nuevos centros».

En un escrito remitido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, Acaip considera las declaraciones en sede parlamentaria de Ulloa como «absolutamente desafortunadas, técnicamente equivocadas y demuestran, en nuestra opinión, un profundo desconocimiento de la institución penitenciaria». Los funcionarios admiten que existe «una gran necesidad de personal» porque desde hace dos años no hay oferta de empleo público y por la «apertura indiscriminada de centros». Y consideran que « esta pésima gestión de personal e infraestructuras es heredada del equipo anterior» . Pero por ello, estiman, no deja de ser urgente una solución.

En el escrito, los funcionarios describen una serie de motivos por los que no se debe utilizar seguridad privada en los centros. Primero, dicen, porque por ley la seguridad corresponde a los funcionarios. Además, recuerdan, los puestos de trabajo en las prisiones «no son compartimentos estancos, están conexionados y en caso de incidentes colectivos, todos los funcionarios participamos en la solución...». Su trabajo, por tanto, requiere de una especialización. Además, la seguridad privada resultaría más cara, lo que se contradice con la necesidad de ajustar presupuestos.

Como solución, proponen que se contraten funcionarios interinos si en estos momentos se hace imposible la oferta de empleo público. «Desde este sindicato -concluye Acaip el escrito remitido al ministro del Interior- le queremos dejar claro que nos encontramos ante una p ropuesta que es absolutamente inaceptable , que marca una clara línea roja porque desnaturaliza y privatiza» cuestiones tan importantes como «el principio de reinserción social constitucionalmente consagrado», o «abre la veda al negocio de la seguridad privada en un ámbito tan delicado como el penitenciario».