Francis Puig, dos meses antes de la licitación: «Ya trabajan en el concurso»

En los chats de WhatsApp que se intercambiaban con Francis Puig, consejero delegado de Comunicacions dels Ports SA, y en un grupo con varios dirigentes de las tres empresas, denominado «ESAP», figuraban meses de conversaciones que desvelan cómo supuestas empresas rivales estaban conchabadas para repartirse los contratos públicos de la televisión pública valenciana À Punt, de cuya existencia tenían noticias en septiembre de 2018, pese a que las ofertas no se publicarían hasta enero de 2019.

Tenían informantes dentro del ente público, incluso en el departamento de Servicios Jurídicos , pero las ofertas que presentaron evidenciaban tanto que iban de la mano que fue el mismo ente quien descubrió el cártel y lo denunció. Habían pactado qué precios ofertar en cada lote de servicios de producción de imagen y otros contenidos periodísticos para así repartírselos, lo que contraviene las leyes del mercado.

En el expediente completo, al que ha tenido acceso ABC, aparecen todas las conversaciones intervenidas a la trama y, al contrario que en la resolución, aquí sí puede verse quién escribe cada mensaje, pues no están anonimizados.

Así, en una conversación que se produce el 17 de noviembre de 2018, el hermano del presidente de la Generalitat dice a su compinche Juan Adell Bover lo siguiente: «Ya están trabajando en el concurso. He mirado y no parece tan complicado».

En otro mensaje, éste del 19 de diciembre de 2018, unos días antes de que se licitaran los contratos por un importe total de 646.000 euros repartidos en dos años, Francis Puig pide a su supuesto competidor que le envíe «los presupuestos que vais a preparar para Turisme/À Punt».

En cuanto al contenido del chat de grupo -del que Francis Puig es miembro e interviene-, la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC), dependiente de la Consejería de Economía de la Generalitat Valenciana, recoge una nota de audio en la que «uno de los intervinientes comenta las aclaraciones que le han hecho desde el departamento jurídico de À Punt relativas a determinados criterios para formular las ofertas».

La transcripción dice así: «Yo llamé al asesoramiento jurídico de À punt para hacerle la pregunta porque en principio eh, la valoración económica son dos: uno es el presupuesto, vale, que hay un máximo para cada lote, y luego es el coste por servicio. Y lo que nos dijeron es que sí que debemos rebajar lo máximo posible el coste por servicio, vale, ya sea media jornada o jornada entera con periodista o sin pero, ehh, a mí me dijo el asesor jurídico que en cuanto al presupuesto pusiéramos el máximo para cada lote lo que iban a mirar era el coste por, el coste por servicio, ¿vale? Dicen ellos que el presupuesto debe ser el máximo, eh, porque luego ellos ya deciden si van a necesitar todo o menos, pero que se van a basar sólo en el coste por servicio; eso es lo que a mí me han dicho». 

Llegan incluso a comentar quiénes se van a presentar a cada lote, pese a ser, en teoría, empresas competidoras, y dicen que deben tener cuidado a la hora de hacer ofertas demasiado bajas «porque nos puede salir rana». Se quejan de que «los costes máximos por servicio no son para tirar cohetes». El pacto de precios para las ofertas es tan evidente que uno de los miembros del chat, identificado como Víctor Guill, pregunta si «vais a rebajar mucho el importe» porque «para los lotes de 25.000 lo veo muy justo». 

Dos días después, el 11 de febrero de 2019, una de los integrantes del grupo, del cártel de las productoras, informa al resto de que se han publicado en la Plataforma de Contratación «unas aclaraciones al pliego» sobre «lo que explicasteis el sábado por WhatsApp» . Acto seguido, Francis Puig da el «ok».

La empresa del hermano de Ximo Puig ha sido sancionada con 16.801 euros por una «infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007, constitutiva de cártel, por falseamiento de la competencia». La multa es firme, pues no cabe recurso en la vía administrativa. Además, la Comisión de Defensa de la Competencia ha instado a la Junta de Contratación del Estado a que prohiba a Comunicacions dels Ports contratar con la Administración.

La empresa de Francis Puig había concurrido a tres lotes que suman 84.000 euros. Al saberse sorprendido en plena licitación, se retiró voluntariamente del concurso, mientras que las productoras de los hermanos Adell Bover fueron finalmente excluidas por À Punt.