| Vídeo: EP

Forcadell se esconde en su cargo formal y niega dirigir la «estrategia» del «procés»

La Fiscalía solicita 17 años de prisión para la expresidenta de la Mesa del Parlament como jefa de la rebelión

Juicio del «procés» en directo

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

La mesa sobre la que ha apoyado sus manos era una pista. Sin apuntes, Carme Forcadell ha acudido a declarar en el juicio al «procés» con el libro que recoge el reglamento que regula el funcionamiento del Parlamento catalán. De color rojo, era lo único que destacaba delante de la antigua presidenta de la cámara autonómica, que se ha escondido precisamente en su cargo para despejar su responsabilidad en el «procés». Está acusada de un delito de rebelión en condición de dirigente.

Forcadell ha asegurado que no participó en «ninguna estrategia» para alcanzar la independencia por las vías ilegales, y ha ubicado todas sus actuaciones en la función de árbitro, prácticamente sin capacidades, como presidenta de la Mesa del Parlament, el órgano que se encarga de tramitar las proposiciones parlamentarias. Desde ese cargo, Forcadell permitió que se tramitasen las leyes de la ruptura del «procés», aprobadas el 6 y el 7 de septiembre de 2017 con el criterio en contra de los letrados, y a pesar de los avisos previos del Tribunal Constitucional, que había ordenado a la presidenta del Parlament que frenara cualquier iniciativa en esa vía.

«No participé ni dirigí ninguna estrategia. Me limité a cumplir con mi cargo de presidenta del Parlament, me limitaba al ámbito legislativo», ha manifestado la acusada, que se ha escondido en una cuestión de forma para tratar de explicar lo inexplicable: por qué desobedeció al Constitucional, al que «respeta muchísimo» según ha expresado este martes. Según Forcadell, la Mesa del Parlament no puede entrar al fondo de las propuestas que los grupos parlamentarios tratan de tramitar, incluso aunque sean abiertamente incompatibles con la Constitución, o supongan desoír una suspensión reciente del Tribunal Constitucional.

«En el Parlament se tiene que poder hablar absolutamente de todo, el debate tiene que ser libre. Siempre hemos tenido en cuenta los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho al debate, al pluralismo político… Eso no cambia, pueden cambiar los magistrados, puede cambiar la jurisprudencia, pero no los derechos fundamentales», ha declarado Forcadell, interrogada por la fiscal Consuelo Madrigal, que le ha acorralado y provocad algunas contradicciones.

A preguntas de la representante del Ministerio Público, Forcadell ha asegurado que votó sin leer la resolución que aprobó el Parlament el 9 de noviembre de 2015, el acuerdo de ruptura con España que sacó adelante la cámara autonómica, un paso que es considerado el pistoletazo de salida del plan secesionista ilegal, el “procés”.

«No es potestad de la Mesa entrar en el fondo ni valorar la constitucionalidad. Esa resolución la voté, y entiendo que estamos protegidos por la inviolabilidad parlamentaria», se ha escudado Forcadell. La presidenta del Parlament ha alegado que la Mesa solo podía admitir o inadmitir propuestas por cuestiones de forma.

En esa línea frágil en la que se ha movido su declaración, Forcadell ha expresado «muchísimo» respeto al mismo Constitucional al que ignoró abiertamente. «Yo le respeto muchísimo», ha respondido, preguntada por la fiscal si se considera que está por encima del tribunal garante, al que ha achacado que a veces se equivoca. «La Mesa no podía convertirse en un TC, no podía decidir de qué se podía hablar» ha manifestado tras acusar al tribunal garante de querer convertirles en un «órgano censor» por instarles a no sacar adelante las propuestas que suponían impulsar las iniciativas suspendidas, como las leyes de la ruptura de septiembre. También ha criticado que en los últimos años sus decisiones se han «politizado».

Para defenderse, y a pesar de que era una advertencia formal, Forcadell ha restado importancia a los avisos de los letrados del Parlament, que les dejaron claro que no debían sacar adelante las leyes de la ruptura. «Advirtieron, pero los informes de los letrados no son vinculantes», ha asegurado la acusada, que ha protestado porque no se haya admitido la traducción simultánea del catalán, aunque ha calificado el castellano como «la lengua materna de muchos catalanes y catalanas».