Hervé Falciani, en diciembre de 2017 - EFE

La Fiscalía pidió prisión para Falciani por orden del fiscal general del Estado

El juez deja libre al informático que ayudó a España a recaudar casi 500 millones, pero le recluye a su localidad

MadridActualizado:

Hervé Falciani, el hombre que ayudó a España a recaudar casi 500 millones de euros tras delatar a cientos de evasores fiscales, seguirá en libertad pero no podrá abandonar nuestro país y estará vigilado por la Policía Local. Así lo decidió ayer el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que desatendió la petición de la Fiscalía, quien, contra todo pronóstico, había solicitado prisión incondicional para el colaborador de la Justicia española.

Suiza ha vuelto a reclamar a Falciani, que en 2008 se llevó información de 130.000 supuestos evasores fiscales, clientes del banco británico HSBC, en cuya filial suiza trabajó entre 2006 y 2008. Esto ha permitido a España perseguir a más de 600 defraudadores.

La petición de la Fiscalía responde a una orden directa del fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, según las fuentes consultadas por ABC. De hecho, el Ministerio Público pidió ayer prisión por los mismos hechos por los que en 2013 había reclamado la libertad del antiguo empleado del banco suizo HSBC. Desde entonces Falciani se ha movido con libertad.

Para controlar sus movimientos mientras se estudia la reclamación de Suiza, el juez acordó retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España y someterle a una estricta vigilancia policial en su domicilio. Falciani no podrá cambiar de casa ni viajar o salir de su localidad sin autorización del juez.

El Ministerio Público –representado en la vista por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo– argumenta ahora que la nueva orden internacional de arresto de Suiza genera «un riesgo de fuga hasta ahora inexistente en una persona con acreditada capacidad para eludir la acción de la Justicia».

«No se le puede perseguir»

La Fiscalía explicó que el encarcelamiento de Falciani era necesario para poder estudiar la causa. La fiscal que llevó el caso en 2013, Dolores Delgado, que ayer no representó al Ministerio Público en la comparecencia, se opuso en aquel momento a la entrega de Falciani. Argumentó que en España no es delito revelar secretos bancarios si se denuncian prácticas delictivas y alegó que sus servicios habían servido para defender los derechos de los ciudadanos. «No se le puede perseguir, y España no le perseguiría».

La posición de la Fiscalía coincide con la voluntad del Gobierno, en un momento crucial de sus relaciones con Suiza, donde están refugiadas la exdiputada de ERC Marta Rovira, reclamada por rebelión, y la ex portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, contra quien no pesa una orden internacional de detención. Sin embargo, la decisión final sobre la entrega de Falciani puede estar fuera del alcance del Ejecutivo. Así, si el juez rechaza la extradición, el Gobierno no podría modificar esa decisión. En cambio, sí podría denegar la entrega aunque el magistrado la hubiera autorizado. Fuentes jurídicas consideran previsible que el magistrado rechace la entrega porque los hechos son los mismos que ya se analizaron: lo que no era delito en 2013, tampoco lo sería ahora.

El abogado de Falciani se opuso al ingreso en prisión. Manuel Ollé, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, denunció que este nuevo proceso vulnera los principios legales que impide juzgar los mismos hechos dos veces. También defendió que Falcini tiene arraigo en España, por lo que no huirá.

Entregar a Falciani a Suiza supone un triple perjuicio, según las fuentes jurídicas consultadas. Por una parte, un daño de consecuencias difíciles de anticipar a los procedimientos judiciales pendientes, surgidos de la «lista Falciani», los datos aportados sobre los defraudadores. Entre ellos está la pieza (una de la treintena) que se sigue en la Audiencia Nacional contra el banco HSBC, cuya cúpula ha sido imputada, igual que varios directivos del Banco Santander y tres del BNP por delitos de blanqueo y organización criminal.

El pasado octubre Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza para comunicarle la imputación de los directivos del banco HSBC y las condiciones de la misma. Hasta marzo la Fiscalía no había recibido respuesta, más allá de pedir más datos como las direcciones de las personas investigadas, en lo que se considera una clara maniobra para dilatar la comisión rogatoria. La próxima semana está prevista una toma de declaraciones en el Central 5 a varios imputados de otra de las piezas derivadas de la «lista Falciani», la llamada pieza de los gestores, en la que está investigado el marido de la que era jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas. Además, hay numerosas causas aún en curso en juzgados de toda España.

La entrega del colaborador equivale también a cuestionar la mayor regularización económica llevada a cabo por la Agencia Tributaria gracias a las informaciones que él facilitó y que se aproxima a los 500 millones de euros recaudados. Y, en tercer lugar, puede desencadenar un descrédito internacional. «¿Quién se va a fiar de nosotros y de nuestra seguridad jurídica? La imagen que damos es clara: te hemos utilizado y ahora te damos una patada. Ha prestado una valiosísima colaboración sin pedir nada a cambio. En cuanto a la seguridad jurídica no podemos olvidar además que en España no existe el secreto bancario; los empleados de estas entidades tienen la obligación de denunciar prácticas delictivas o sospechosas de serlo».

Los argumentos legales no se acaban ahí. Desde 2010 España es pionera en sostener procesos judiciales basados en pruebas obtenidas por personas que en función de su trabajo tenían acceso a elementos acreditativos de delitos, superando la vieja consideración de prueba ilícita para ese tipo de evidencias. «Los hechos por los que se le condenó en Suiza no son delito en nuestro país», sostienen las mismas fuentes. Y añaden que en España no se puede juzgar a alguien en rebeldía si la pena supera los dos años. «Los argumentos políticos no pueden pesar más que los jurídicos», concluyen.