La Fiscalía pide 8 años para el exconsejero Prada por el fiasco de la Ciudad de la Justicia

En el escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional , en el que pide la apertura de juicio oral, la Fiscalía señala que para la ejecución del proyecto de la Ciudad de la Justicia (un complejo de edificios en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid) se constituyó la sociedad anónima Campus de la Justicia (CJM), que comenzó a operar en enero de 2005 con capital cien por cien de la Comunidad de Madrid . Pese a que la previsión de ingreso por venta de inmuebles judiciales era en torno a 200.000.000 euros sólo llegaron a realizarse dos operaciones: la venta de un inmueble ubicado en la calle Fernández de la Hoz por 13.548.000 euros y el de la calle Hernani por 62.100.000.

Antocorrupción advierte de que pese a que entre 2005 y diciembre de 2008 la capacidad financiera real de la sociedad no superaba los 121.657.728 € , el total comprometido a través de contratos de CJM en ese mismo periodo fue muy superior . Entre 2005 y 2015, el importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Madrid, ascendió a 355.577.355 euros.

La Fiscalía explica que del importe de contratación indicado, la mayoría, 331.848.869,59 euros, corresponde al periodo comprendido entre 2005 y 2008. Los gastos de CJM fueron efectuados por transferencia bancaria, pagos en efectivo y mediante tarjeta de crédito. Los pagos con tarjeta incluían los relativos a viajes en los que no había justificación de su finalidad institucional, al no existir documentación soporte de la realización de los desembolsos con cargo al erario público. Tampoco en materia de personal, apunta Anticorrupción, se halló justificación documental de aspectos relevantes como el procedimiento para la elección de las personas, la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad o la publicidad de los procesos de contratación. A juicio de la Fiscalía «ha quedado acreditada la ausencia de documentación justificativa del proyecto, de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad o de rendición de las cuentas».

El proyecto de terminar con la dispersión de sedes judiciales de la Comunidad de Madrid concentrándolas en una sola sede, durante los dos años y medio de la primera etapa de CJM (en particular desde el 14 de enero de 2005 al 1 de mayo de 2008, fecha de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público) debía adecuarse a la normativa estatal y autonómica. Sin embargo, «los acusados concertaron contrataciones de CJM con deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación, afectando a todas las fases del procedimiento de contratación: toma de decisión del gasto, selección de procedimiento de adjudicación, tramitación del procedimiento, adjudicación y ejecución«. De este modo, dice, se produjo una selección del adjudicatario al margen del procedimiento y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo.

Este «patrón» se materializó en las numerosas contrataciones que se detallan en el escrito de acusación presentado, que incluyeron siempre varias de las siguientes conductas: inexistencia de informes de necesidades a satisfacer, incorrecta definición del objeto del contrato, indefinición de las necesidades a satisfacer o criterios de valoración poco precisos, inexistencia de estudio sobre el coste del contrato salvo en los contratos de obra, utilización sistemática de procedimientos negociados y menores con evidente fraccionamiento o asunción de gastos ajenos a su objeto social y que corresponderían a otras entidades, entre otros.

Junto a Alfredo Prada (presidente y Consejero Delegado de CJM en la etapa objeto de esta acusación) dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños (director general técnico), Mariano Sanz (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de área financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y Andrés Gómez Gordo (director del área de seguridad), imputado en Kitchen. Todos ellos formaron parte de la Mesa de contratación permanente constituida por Orden de julio de 2006 en su condición de vicepresidente segundo y consejero de Justicia e intervinieron en los procesos de contratación de CJM asumiendo distintas tareas según las funciones y especialización de cada uno, en todo caso bajo la dirección de Alfredo Prada. De aquel proyecto quedan a día de hoy túneles de intercomunicación de edificios, un edificio inacabado, una pluralidad de maquetas de edificios, libros y folletos sobre CJM.

Los fondos de los que dispuso CJM fueron aportados por la Comunidad Autónoma de Madrid, bien mediante aportación dineraria, bien de bienes inmuebles judiciales. La Comunidad de Madrid percibió también fondos del Estado , en cumplimiento del Real Decreto sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. En concreto, el importe que la Comunidad Autónoma de Madrid recibió del Ministerio de Justicia en ejecución de la norma referida ascendió a 9.916.680 euros en tres anualidades sucesivas, 2008, 2009 y 2010, quedando pendiente la cuarta y última fracción del importe total establecido, 13.222.266,30 €.

La Fiscalía considera los hechos descritos como constitutivos de un delito continuado de prevaricación en concurso con otro continuado de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública . Las penas solicitadas para los otros cuatro acusados son de seis años de cárcel, dos menos que Prada.