De la Mata aboca a juicio al exconsejero Alfredo Prada por el Campus de la Justicia de Madrid

En un auto con el que pone fin a la investigación de lo tocante a los contratos -la pieza principal sigue instruyéndose en el juzgado- el juez propone juzgar además al director general Técnico, Isabelino Baños Fernández ; su subdirector Mariano José Sanz Piñar y al director financiero Alicio de las Heras Rodríguez , mientras archiva la causa para María Lourdes Manovel y Paloma Mateo Martín .

A lo largo de 253 páginas, el magistrado explica que los investigados, liderados por Alfredo Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, «se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo». En cuanto a Gómez Gordo, era el jefe de Seguridad de lo que iba a ser el Campus , pero cobró una importante indemnización cuando se frustró la iniciativa y se rescindió su contrato.

Las alertas saltaron con un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid, que arrojó irregularidades en los contratos para la construcción de este espacio que iba a servir de cuartel general de los tribunales en la capital y del que sólo llegó a levantarse un edificio emblemático por su forma circular, situado, casi literalmente, en mitad de la nada. Son los terrenos donde ahora Madrid levanta su hospital para pandemias y el «donut» de cristal, como se le conoce popularmente, será del Anatómico Forense.

De la Mata concluye que Prada y los directivos investigados « corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos».

«En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada , tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)», expone el instructor.

Considera que las personas involucradas, «lideradas desde luego por Prada Presa, que en última instancia tomaba todas las decisiones, se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo».

Se refiere a toda una batería de contratos como el que avaló Gómez Gordo en calidad de jefe de seguridad del proyecto y que contiene, según el juez, diversas irregularidades: Rechazó la oferta de una empresa por un criterio que no se exigía en el pliego y se lo dio a otra que luego no era exactamente la misma que firmó el contrato, incurriendo en lo que podría ser causa de nulidad.

En toda la gestión no intervino la Mesa de Contratación y además, la duración se extendió cuatro meses más allá del máximo legalmente permitido. Fue más de medio millón de euros.

No es el único. De la Mata pone en el foco toda una batería de contratos para la urbanización del proyecto, la dirección de las obras, la asistencia técnica en el diseño, la distribución de un libro, la asesoría jurídica o la publicidad y la contratación y atribuye a Prada, que presidía la sociedad Campus de la Justicia, una intervención personal y directa en la toma de decisiones en todos los procesos para esas adjudicaciones.

«Conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación», dice el juez de los ahora procesados, para incidir en que no sólo «no elaboraron la adecuada justificación de las necesidades que los contratos iban a atender», sino que «pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los pliegos» y «de los informes técnicos de valoración» así como «en múltiples casos realizaron propuestas de valoración arbitrarias y no justificadas» o «prescindieron en múltiples ocasiones de procedimiento de contratación alguna».

«En muchas licitaciones en las que se solicitaron tres ofertas se ha documentado una apariencia de concurrencia que no se produjo realmente, ya que las proposiciones pertenecían a empresas vinculadas entre sí», añade el instructor.

En cuanto a Prada, dice que «de entrada, todos los contratos que tenían que ver con publicidad y comunicación (que alcanzan en su conjunto más de 5 millones de euros en contratación), se sustrajeron materialmente a la propia mercantil CJM« y no se decidían allí, sino que » se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban desde Vicepresidencia y Consejería de la Comunidad de Madrid, es decir, de Prada«. De hecho, el personal de la empresa trabajaba en esa sede.

Llama la atención sobre el particular de los contratos de publicidad, comunicación y propaganda, donde el instructor apunta que «todas las decisiones sobre los objetivos a alcanzar, contratos a suscribir, empresas a invitar y empresa adjudicataria eran adoptadas» por Prada «personalmente, siendo él mismo, en los más de los casos, quien también firmaba las decisiones de adjudicación y los contratos».

«Aun así, lo más relevante no es esto, sino que los contratos de comunicación y publicidad no constituían, como era lógico y debido, el componente comunicacional del Programa Ciudad de la Justicia de Madrid, que era el objetivo de CJM, ni estaban integrados en la estrategia de CJM», añade el instructor.