Francisco Granados y su abogado, Javier Vasallo, en la Audiencia Nacional - JAIME GARCÍA

La Fiscalía no se cree la versión de Granados

El supuesto cabecilla de la trama Púnica niega los pagos en B de emrpesarios y asegura que las siglas «JEC» significan «Jornadas de Educación Concertada»

MadridActualizado:

La Fiscalía Anticorrupción no da credibilidad a la versión de Francisco Granados, el supuesto cabecilla de la trama Púnica, que ayer negó que su agenda manuscrita recoja donaciones en metálico de empresarios al PP de Madrid, según ha podido saber ABC.

«Significa Jornadas de Educación Concertada. ¿Cómo va a ser un apellido continuo y lo descomponemos en dos?», rebatió Granados a la fiscal Carmen García Cerdá, quien le preguntó por las siglas «JEC», anotadas en sus apuntes junto a una aportación de 60.000 euros. La fiscal lanzó la cuestión a bocajarro: preguntó directamente si tras esa referencia se esconde José Manuel Entrecanales, el presidente de la constructora Acciona. Según fuentes consultadas por este diario, Granados reconoció a su entorno abiertamente que esas siglas identificaban al directivo de la compañía.

ABC desveló ayer que esta empresa pagó 60.000 euros en metálico al PP de Madrid una semana antes de las elecciones europeas del 2014, según se recoge en la agenda de Granados. La compañía lo negó en un comunicado, y Granados anunció ayer una querella contra ABC.

La cuestión que sobrevoló la sala de vistas de la Audiencia Nacional desde primer ahora brotó poco antes de la una de la tarde, en el último suspiro del interrogatorio de ayer, que comenzó antes de las diez de la mañana. Granados, que solicitó declarar de forma voluntaria para «aportar datos» de la contabilidad irregular, continuará respondiendo a la Fiscalía el próximo 15 de marzo. El investigado sigue negando cualquier irregularidad y ayer se mostró «orgulloso» de su gestión política, que se inició en Valdemoro, una localidad del sur de Madrid. Su comparecencia comenzó el doce de febrero, cuando admitió a preguntas de su abogado una financiación irregular en el PP de Madrid, pero solo de la campaña de Esperanza Aguirre, la expresidenta de Madrid, fuera de la oficial.

Cifras incoherentes

La otra representante del Ministerio Público, la fiscal Teresa Gálvez, acorraló al expolítico preguntándole por las incoherencias de sus explicaciones sobre las cifras: «¿Cómo puede ser que 400 militantes entren en un acto y solo salgan 200? ¿Los otros 200 se perdieron, señor Granados?», inquirió. La UCO lo tiene claro: son 400.000 euros de los que Granados y Javier López Madrid se quedaron la mitad, como reflejan los apuntes manuscritos. La Fiscalía hizo saber ayer a Granados que su tesis es que él se apropió de parte de los fondos, informaron a ABC fuentes jurídicas presentes en la sala.

Las siglas del cuaderno

Con un tono cheli e informal, el antiguo secretario general del PP de Madrid negó que sus apuntes conformen una contabilidad opaca, en negro, de la formación regional, informaron otras fuentes jurídicas presentes en su declaración. Le contradicen los investigadores, que sostienen que Granados apuntó en su agenda secreta los abonos en B de los empresarios, y el constructor David Marjaliza, antiguo socio de Granados, quien desveló alguna de las siglas del cuaderno. Beltrán Gutiérrez, el antiguo gerente del partido, era «BG», apuntó. El exnúmero dos del PP de Madrid calificó ayer de «tipejo» a Marjaliza, su amigo de la infancia, en declaraciones a los medios de comunicación, a la salida.

El juez del caso, Manuel García Castellón, investiga si el PP de Madrid se financió de forma irregular en las campañas de diversas elecciones en los años 2007, 2008, 2011 y 2014. En un informe que consta en la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó que el PP de Madrid pagó con su contabilidad B casi cinco millones de euros actos de las campañas de las municipales y autonómicas de 2007 y 2011, y de las generales de 2008. La agenda manuscrita fue hallada por la UCO en el domicilio de Granados, considerado el cabecilla de la Púnica, una extensa red acusada de vulnerar las normas administrativas en numerosas regiones de España, como Madrid, para enriquecerse ilegalmente.

Para defenderse, Granados alegó ayer que sus anotaciones recogen los asistentes a actos del PP de Madrid. Según su explicación, las siglas aluden a los conceptos de los eventos, y las cifras a las personas que acudieron. Así, Granados señaló que «JLM» -donde los investigadores y Marjaliza ubican al antiguo consejero de OHL Javier López Madrid, imputado- significa «juntas locales de Madrid». También aseguró que tras «LD» no se esconde el constructor Luis Delso; sino unas «listas de diputados», un número cerrado, que asistía al acto previsto. También negó que la palabra «me» -pronombre personal que en inglés se refiere a la primera persona- se refiera al dinero del que él se apropiaba Eran los «municipios estratégicos», dijo. Granados también trató de sembrar dudas cuestionando su papel en el PP en el 2014, cuando dejó de tener cargos en la formación regional para ser senador desde 2011. Diversas fuentes jurídicas presentes en la sala ayer, tanto de las acusaciones como de las defensas, califican de «endebles» esta tesis del imputado.

El ex secretario general del PP de Madrid volvió a alegar ayer que la fortuna que ocultó en Suiza procede de sus ganancias como inversor privado, previas a la política. En una declaración de más de tres horas, Granados rechazó que amañara adjudicaciones desde sus cargos en la Comunidad de Madrid. Fue consejero desde el 2003 al 2011, primero de Transportes y luego de Presidencia. La Fiscalía le cuestionó por adjudicaciones de obras del metro de Madrid y por el programa Prisma de inversiones, bajo sospecha. Granados insistió en defender el origen legal de todos sus fondos, incluido los 900.000 euros que los investigadores hallaron en un altillo del domicilio de sus suegros, sin aportar pruebas alguna.