La Fiscalía española cree que sus colegas europeos juegan con las «cartas marcadas»

El devenir de los acontecimientos matiza las palabras de Luzón. La fiscal General de la UE, Laura Kövesi, difundió el miércoles un comunicado en el que cargó las tintas contra la gestión del asunto que ha hecho la Fiscalía General del Estado: Acusó a Dolores Delgado de haberse saltado la normativa europea en este conflicto de competencias y haber tomado una decisión «parcial» sin escuchar a la otra parte que «desafía la supremacía» del derecho comunitario, porque cercena la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea el que decida quién debe llevar la investigación. Dos días después trascendía que Kövesi involucraba a Bruselas en este caso , hasta el punto d e forzar a la Comisión Europea a buscar alguna fórmula para resolver esta controversia.

Se ha acabado convirtiendo así ese «tema competencial» en una disputa real que ha generado un profundo malestar en la Fiscalía española, donde, además de lo obvio de que la legislación contempla que ante un conflicto de competencias la última palabra la tiene Delgado, resuenan esta semana dos ideas: que en Luxemburgo «no asumen la resolución del conflicto» y reaccionan con «la pataleta» clásica del «mal perdedor», y que concurre un «interés desmedido» por ese asunto. Los fiscales consultados por ABC se debaten entre explicarlo en términos de «afán de protagonismo» o «necesidad» de tener casos por parte de la fiscal delegada por España, Concepción Sabadell. Y eso que ella en lo personal y lo profesional goza de una gran consideración.

Las críticas arreciaron más fuerte el día de la Junta de Fiscales y no sólo dentro de la reunión. De acuerdo a las fuentes consultadas, se llegó a la conclusión de que «la Fiscalía europea está jugando con las cartas marcadas» , en la creencia de que no hubo, como decía Sabadell en sus escritos, una alerta del servicio Antifraude de la UE que pusiera sobre la pista de una posible malversación, sino que fue ella, tras la difusión de las informaciones, la que acudió a ese departamento a pedir datos por si acaso. El jefe de Anticorrupción, como informó ABC, ya calificó la investigación como «prospectiva» y en la cúpula fiscal la inclinación es similar. Se ha extendido la idea de que ella «ha ido de pesca» en busca de indicios, una práctica prohibida.

Sin embargo, fuentes de la Europea desmienten la tesis. Sabadell, preguntada directamente por ABC, declinó comentar el caso concreto, pero sí destacó que «en todos los casos, sin excepción, se remiten de oficio informes del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude cuando considera que hay hechos que pueden ser competencia de la Fiscalía Europea». Este departamento, que en España se incardina en la Inspección General del Estado (Ministerio de Hacienda) trabaja con diferentes fuentes, como denuncias de particulares o noticias, así como con sus propias bases de datos . Cuando algo no encaja, avisa, como hace el servicio de prevención del blanqueo (Sepblac).

Sabadell insiste en que todas las comunicaciones se estudian y si se concluye que hay indicios competencia de la Fiscalía Europea, se incoan diligencias. En esto, llama la atención que la primera noticia sobre posibles irregularidades en el contrato de mascarillas se publicó en noviembre de 2021, con la Fiscalía Europea a pleno rendimiento, y no se abrió diligencia ninguna. H a sido después, con la polémica por una supuesta trama de espionaje en torno a la presidenta Díaz Ayuso y el contrato ya denunciado en Anticorrupción, cuando movió ficha, abriendo su propia investigación y reclamando a Luzón la suya. Al final, investigarán los dos este asunto que para ambos, pasó desapercibido durante meses.

La disputa entre instituciones deja ya sus consecuencias. La primera, que ese contrato se mirará con lupa, ya sea por si se gastó el dinero en mascarillas de peor calidad (fiscalía europea) ya sea por si la adjudicación lo fue a golpe de influencias (fiscalía española) . La segunda, un daño reputacional al Ministerio Público, aquí y allí, bajo sospecha de una instrumentalización política en perjuicio directo de Díaz Ayuso. Y la tercera, una lesión a la imagen de España, la que se produce si en la UE cunde que se malversan los fondos comunitarios, y la que devuelve una respuesta «nacionalista», como decían otras fuentes, ante la primera petición que le hace la Fiscalía Europea.