La cúpula fiscal cierra filas con Anticorrupción y rechaza entregar el caso Ayuso a la Fiscalía Europea

Según fuentes de la Junta de Fiscales, el respaldo al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y a la negativa de entregar sus diligencias a su compañera de la Fiscalía Europea y exfiscal de Gürtel Concepción Sabadell ha sido unánime. Ni uno solo de los treinta fiscales de Sala se ha mostrado favorable al traspaso de esta investigación.

Cuestión distinta, sostienen las fuentes citadas a ABC, es «que se colabore con la Fiscalía Europea en el avance de sus pesquisas«, pero se insiste, en la línea defendida por Luzón, en que los delitos que Anticorrupción investiga son perfectamente escindibles de la presunta malversación de fondos europeos y que deben ser investigados aquí en España. Así lo ha defendido con su habitual rigor técnico el fiscal de Sala del Supremo Fidel Cadena en apoyo a la tesis de Alejandro Luzón, que inició las intervenciones. No han sido Luzón y Cadena los únicos que han intervenido en la junta, la segunda que se celebra desde el aterrizaje de Delgado en la Fiscalía General del Estado hace dos años. También lo han hecho Javier Huete, Javier Zaragoza, Pedro Crespo y Joaquín Sánchez-Covisa.

Según ha podido saber ABC, seis fiscales de Sala han llevado a la reunión, telemática y de unas dos horas de duración, un escrito en el que recuerdan a Delgado su deber de abstención en esta causa si las pesquisas de Anticorrupción siguen avanzando y el caso acaba salìcando a algún cargo vinculado al Partido Popular. Se trata en todo caso de un aviso a futuro, pues fuentes vinculadas a este grupo no ven necesaria esta abstención en este momento en el que lo que está sobre la mesa es un mero asunto de competencia. Los firmantes de este escrito son Javier Huete, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Pilar Fernández Valcarce y José Miguel de la Rosa.

Al término del encuentro, el jefe de Anticorrupción ha mostrado su satisfacción por el apoyo cosechado a su criterio y ha incidido en que «esto no es una disputa entre Fiscalías», sino «un tema procesal y competencial» que gira en torno a que «ninguna fiscalía nacional debe ceder las investigaciones que son estrictamente domésticas» y que «no atañen ni perjudican» a los intereses económicos europeos. «Con la percha de los intereses financieros de la UE no deben colgarse delitos que atañen a bienes jurídicos completamente distintos», ha apuntado.

En este sentido, ha incidido en que sobre la marcha se mantendrán «obviamente la colaboración y la coordinación» con la Fiscalía Europea «dentro de la normalidad institucional», de manera que si en algún momento la investigación vira por un derrotero que hace necesario acumularla a otra o transmitir información, se hará «con normalidad». Pero de momento, esta parte de las diligencias se quedan en España y la decisión es de la Fiscalía General.

En opinión de Luzón, como de la Junta de Fiscales, «no se dan las circunstancias» para elevar una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que decida quién debe asumir la investigación completa pues el choque por conflicto de competencias se zanja una vez Delgado toma una decisión y es lo que ha ocurrido.

Precisamente a primera hora de la mañana de este lunes la Fiscalía Europea solicitaba a la fiscal general que considerara la posibilidad de preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea qué instancia es competente para investigar ese contrato. Fuentes fiscales han señalado que la junta no ha entrado en la cuestión de la presentación de una cuestión prejudicial ante Luxemburgo al no albergar dudas de que Anticorrupción tiene razón en sus planteamientos.

La reunión de la Junta de Fiscales se ha producido después de que la semana pasada trascendiera que la Fiscalía Europea ha abierto diligencias para investigar el uso que se hizo de la partida del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) con la que la Comunidad de Madrid adquirió 1,5 millones de euros en mascarillas en abril de 2020 a la empresa Priviet Sportive. La mercantil está administrada por un amigo de la infancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás, quien facturó por su intermediación para la adquisición de material sanitario.

Como informó ABC, las pesquisas se incoaron después de que un informe del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) alertara a la Fiscalía Europea de que aquel contrato podía estar financiado con fondos Feder. Para la fiscal Concepción Sabadell, hay indicios de malversación y fraude al presupuesto de la Unión Europea en la gestión de ese contrato y, es en este contexto en el que abrió una investigación y pidió al fiscal Jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que le enviase las diligencias que tuviese entre manos para sumarlas a las suyas. Se apoya en que la Fiscalía Europea es competente para investigar los delitos que se cometan contra intereses económicos comunitarios, pero también todos los que estén «indisociablemente» relacionados con estos.

Anticorrupción, por contra, no cree que haya base para investigar una malversación (la compra de mascarillas está acreditada) que con aquel millón y medio de euros se compraron mascarillas y estas llegaron a Ifema. Tampoco ve indicios de fraude al presupuesto de la UE, pues no habría mediado falsedad alguna para obtener aquella partida. Lo que sí ve es que puede haber ilícitos que afecten a cuestiones de estricto ámbito nacional, como el buen funcionamiento de la Administración Pública o corrupción de sus funcionarios , y que además, afectan a la principal dirigente de la Comunidad de Madrid. De ahí que la Fiscalía española considere que la investigación tiene que continuar aquí.

"Se pretende aclarar si un funcionario contrató con una empresa determinada inducido por su superior ; si un particular obtuvo de una empresa una remuneración indebida a cambio de ejercer influencias sobre un funcionario público; o si un particular pudo emitir a una empresa una factura con datos inveraces respecto de la causa o cuantía de tal remuneración. Estos hechos no serían constitutivos de malversación ni de fraude a la Hacienda Europea ni de cohecho, sino de tráfico de influencias o falsedad en documento mercantil", resume la fiscal general en el decreto de avocación firmado ayer.

Se trata, añade, de presuntas conductas sobre las que, realizado el oportuno análisis de necesaria conexidad, la Fiscalía española ha llegado a la conclusión de que "quedan claramente diferenciadas del contrato mismo que la Fiscalía Europea considera el instrumento de una posible malversación o fraude y no se encuentran indisociablemente vinculadas a estos delitos a efectos de la investigación".