El juez Abascal será el encargado de vigilar la investigación europea sobre el caso Ayuso

Según informaron a ABC en fuentes jurídicas, el asunto ha recaído por reparto sobre Abascal, que ejercerá así de árbitro en una figura extendida en aquellos países donde, a diferencia de España, es el fiscal quien se encarga de la instrucción de una causa. Su papel se restringe a la supervisión de las medidas que impulse la Fiscalía y sean lesivas de derechos fundamentales y a los recursos que contra las decisiones del Ministerio Público impulsen el resto de partes del procedimiento.

La Fiscalía Europea había solicitado a Anticorrupción que le remitiese las diligencias que tiene abiertas sobre la intervención del hermano de Díaz Ayuso en la ejecución de aquel contrato. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado resolvió este lunes que esas pesquisas se queden en España pues, tras oír a la Junta de Fiscales -tres decenas de fiscales de primera categoría- Dolores Delgado concluyó que los indicios que tiene la europea entre manos se pueden perfectamente investigar sin asumir también los que se manejan en Anticorrupción.

De acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por ABC, eso no obsta para que la delegada de la Fiscalía Europea por España, Concepción Sabadell, siga adelante con su investigación y practique las diligencias que considere oportunas, ahora, con Alejandro Abascal como juez de garantías en el proceso.

La fiscal aprecia indicios de malversación en los fondos europeos Feder con los que se acabó sufragando aquella adjudicación de 1,5 millones de euros, por una información del servicio Antifraude de la UE que avisaba de ese uso de la partida comunitaria en el contrato. Para el fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, «resulta palmaria la falta de fundamento de las calificaciones jurídicas apuntadas por la Fiscalía Europea».

«No se precisa un especial esfuerzo argumental ni un pormenorizado análisis de los tipos penales para advertir que ni se ha dado a los fondos 'una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados' ni se han 'falseado' ni 'ocultado' las condiciones requeridas para la concesión de estos», decía Luzón en un escrito dirigido a la Fiscalía Europea al que tuvo acceso este diario, sobre el presunto delito de fraude. «Del mismo modo -añadía-, resulta evidente que no ha existido malversación , pues no se ha producido apropiación de dinero del patrimonio público«.

De hecho, para el jefe de Anticorrupción «no es posible proponer siquiera la investigación de unos hechos que no revisten caracteres de delito, no solo por carecer de un mínimo acervo incriminatorio de soporte, sino porque el bagaje indiciario existente apunta con claridad a que no ha existido desviación de subvención alguna ni apropiación de caudales públicos ni, en consecuencia, daño a los intereses financieros de la Unión Europea».

En su opinión, la apertura de una investigación «y, desde luego, la práctica de cualquier diligencia en relación con estos hechos -el presunto desvío de fondos en la compra de mascarillas- t endría una naturaleza claramente prospectiva».

Concluía por ello que «no existiendo delito alguno competencia de la Fiscalía Europea» tampoco cabía hablar de conexión con los indicios que él está investigando. Se trata, detallaba su escrito, de «delitos de corrupción que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña: tráfico de influencias, negociaciones prohibidas… en la medida en la que se pueda confirmar o descartar la hipótesis de la participación de la Presidenta de la Comunidad de Madrid».