La Fiscalía bloquea la investigación de las irregularidades urbanísticas en Cuenca

El informe de fiscalización del Ayuntamiento de Cuenca correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005 es un compendio de práctica opacas, sospechosas o abiertamente ilegales en todos los ámbitos de la gestión municipal. Va de la contratación de personal, la constitución de empresas, las subvenciones, los concursos públicos y el manejo de los créditos al meollo de la corrupción en los consistorios: el urbanismo y las recalificaciones de terrenos. En el caso de Cuenca «aparece» un 24 por ciento de superficie de suelo urbanizable que no estaba previsto en el plan original correspondiente.

Bloqueo del PSOE

Según la fiscalización del Tribunal de Cuentas, en la capital castellana aparecieron durante el mandado de Martínez Cenzano las prácticas de gestión que recientemente, en otros municipios, han obligado a los jueces a desmantelar ayuntamientos enteros. En este caso el trabajo de investigación previo está hecho. El PSOE impidió en marzo pasado que el Congreso se pronunciara sobre el caso cuando el informe llegó a la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas. El Grupo Popular exigió una condena y medidas urgentes por considerar que eran claros los indicios de «prevaricación» y «malversación de fondos públicos». Los socialistas recurrieron al apoyo de los parlamentarios del Grupo Mixto para dejar la respuesta de la Cámara en una propuesta dirigida al Ayuntamiento -ahora gobernado por el PP- para que cumpla con las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hacía al anterior equipo.

Transcurridos casi diez meses se comprueba que si en el Congreso el PSOE impuso su criterio de echar tierra sobre el caso, en la vía judicial y en el trámite primero de la misma, que era la Fiscalía de Cuenca, el proceso ha sido paralelo.

El órgano fiscalizador del Estado, en el informe remitido al Congreso y a la Fiscalía, había necesitado 8 folios para «resumir» los epígrafes de las irregularidades encontradas en la gestión urbanística.