La Fiscalía abre diligencias por los comentarios de Pablo Iglesias sobre el juez del caso Dina

El asunto llegó a la Fiscalía de Madrid derivado de la Inspección de la Fiscalía General del Estado a raíz de la comunicación remitida por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro , el pasado mes de mayo. Fue el propio Manuel García Castellón quién había puesto en su conocimiento los hechos a través de un escrito en el que daba cuenta del alcance de las palabras de Pablo Iglesias.

Se trataba de una entrevista publicada en abril y un vídeo en el que Pablo Iglesias alude a «supuestas manifestaciones» que el magistrado habría realizado a un periodista que no identifica. Según su versión, la misma que reproduce en un libro con sus memorias recientemente publicado, García Castellón le habría dicho «con satisfacción y alegría» a un informador que iba a «acabar» con el exvicepresidente del Gobierno. Afirma que es «un juez mediocre» e insinúa que va a «pasar a la historia como prevaricador» en el contexto de una supuesta guerra ilícita contra Podemos.

La Inspección Fiscal revisó la comunicación y llegó a la conclusión de que no era de su competencia, al referirse a «hipotéticas conductas delictivas o excesos verbales en relación con la actuación profesional de un juez». Dio así traslado a la Fiscalía madrileña para que analizase si se ha producido «un posible delito de injurias o calumnias con publicidad contra funcionario público» y, en caso de apreciarse indicios, lo pusiera en conocimiento de los juzgados de instrucción. El primer paso ha sido incoar diligencias, según informan en fuentes fiscales a ABC.

Las declaraciones de Iglesias se produjeron al hilo de la promoción de su libro 'Verdades a la cara' (Ed.Navona), que dedica un capítulo entero al caso Dina, la investigación abierta tras el hallazgo en poder de Villarejo de materiales procedentes de un móvil robado años antes a la que fue su asesora en Bruselas, Dina Bousselham. Durante las pesquisas, Iglesias acabó siendo sospechoso de un delito de daños informáticos y otro de revelación de secretos porque recuperó la tarjeta del móvil sustraído de manos de un periodista y lo ocultó a su propietaria durante meses.

Al inicio, no obstante, figuraba como víctima, pero acabó expulsado del procedimiento después de que la Fiscalía Anticorrupción señalase los indicios en su contra. La Sala de lo Penal, no obstante, le restituyó. El caso está finalizado a falta de que se resuelvan los últimos recursos.

«Insisto en que tengo que ser prudente, pero todo el mundo sabe quién es García-Castellón», dice ese capítulo de su libro, en el que afirma además que «al parecer es muy habitual que los jueces tengan una corte de periodistas (...) de confianza a los que cuentan los avances de sus investigaciones». «Por lo visto, el caso de García-Castellón es particularmente llamativo. Así me lo explicó un periodista de tribunales. Omito su nombre por razones obvias», señala el texto.

Y añade, entre otros comentarios: «Me dijo un amigo juez que es evidente que lo de García-Castellón es prevaricación. Me explicaba también que jamás le condenarán por prevaricar, por razones obvias, pero que su actuación en el caso del teléfono de Dina ha generado un nivel de escándalo notable entre sus colegas». Le acusa de haber «maniobrado» en su contra por razones ideológicas.

No es el primer encontronazo que tiene Pablo Iglesias con el Poder Judicial, si bien ahora no ocupa cargo público alguno. Hasta en dos ocasiones la Comisión Permanente del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una declaración institucional para reprobar alguna de sus afirmaciones y defender la independencia de los jueces frente a lo que tachaban de «ataque».