Fiscales y jueces coinciden en la gravedad de la actuación de Delgado en el caso Stampa

«Es intolerable», señaló en declaraciones a ABC la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en relación con el interés de la mano derecha de Delgado en reclamar la investigación practicada por el fiscal del caso. Asegura que su asociación va a llegar hasta el final con este asunto y que pedirá por escrito la documentación que se negó a sus vocales durante el Consejo Fiscal del miércoles. Consideran el asunto «grave» al tratarse del fiscal que investigaba un caso (Tándem) en el que tres investigados son defendidos por el despacho de Baltasar Garzón, pareja de la fiscal general del Estado.

Para Dexeus, es especialmente significativo que quien haya denunciado estos intentos de dilatar la causa sea precisamente un fiscal de la Unión Progresista de Fiscales (la asociación de la propia Delgado) con una larga trayectoria profesional y un perfil sumamente discreto. Destaca el hecho de que Delgado llevara de escuderos al Consejo Fiscal a dos fiscales-jefe y se prescindiera de Ruiz de Alegría, quien conocía el caso a la perfección y fue quien propuso el archivo.

La Asociación de Fiscales denuncia la situación de debilidad y de falta de credibilidad en la que Delgado está colocando a la institución con actuaciones como esta, lo que le lleva a reafirmar la inconveniencia de este nombramiento que desde el primer día vienen criticando.

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), su presidente, Salvador Viada, destaca también el perfil de profesional «discreto, decente y competente» del fiscal que investigó a Stampa. De ahí el valor de su testimonio, dice. «Esto no puede pasar, que no haya, no una voz, sino un clamor, pidiendo la dimisión de Delgado... Es una auténtica vergüenza».

Asegura que la actuación de García Ortiz solicitando más diligencias tras una dación de cuentas «no es normal». «Es como si el cartero te abre la carta y te la contesta», dice, para recalcar que «la dación de cuentas se hace con la fiscal general, no con el intermediario, porque eso implica asumir una competencia que no se tiene».

Muy crítico con la forma de proceder de Delgado, Viada explica que «cuando algo no interesa a la Fiscalía General, y encima es sucio, lo que hacen es declararlo reservado». Y eso es precisamente lo que han hecho con la documentación relativa a este asunto. Coincide con Ruiz de Alegría en que aquí lo que se pretendía era prolongar la investigación para que cuando se llegara al Consejo Fiscal de octubre del pasado año, Stampa tuviera esas diligencias abiertas y obtuviera cero votos en las ocho plazas a las que concurría . «No llegó a ese Consejo Fiscal en igualdad de condiciones que los demás».

La valoración que hace la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de lo sucedido es opuesta a la de la AF y la APIF. «Con todo el respeto por el compañero Alegría, lo que más nos preocupa a los vocales de la UPF es esa novedosa interpretación de que los conductos internos de comunicación y toma de decisiones de las fiscalías se pueden poner en conocimiento de los investigados o de los acusados. Las fiscalías conforman sus posturas jurídicas y procesales a través de estos debates internos», dice Inés Herreros, su presidenta. «Nunca hemos conocido que un artículo 25 (la dación de cuentas) se ponga en conocimiento del investigado. Y la condición de fiscal del investigado no puede suponer que se le dé un trato distinto al de cualquier ciudadano». Herreros centra así el debate en si Stampa tenía o no derecho a acceder a la documentación, lo que para las otras dos asociaciones, siendo relevante, es ahora mismo secundario. Sobre la actuación concreta de la mano derecha de Delgado, que es lo que preocupa al resto, Herreros no ve ninguna irregularidad en el hecho de «sugerir» la práctica de más diligencias y recuerda que en el debate del miércoles nadie discutió la normalidad del proceder del fiscal-jefe de la Técnica en relación a ese artículo 25.

Desde las asociaciones de jueces el portavoz de Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, ve necesario que este asunto «se investigue y esclarezca para saber qué ha sucedido». Para el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, estas situaciones «se podrían evitar con más transparencia». Ambos coinciden en que este episodio demuestra que es «implanteable» que la instrucción de las causas penales pase de los jueces a los fiscales, como prevé la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que impulsa el Gobierno, mientras el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no dote a estos últimos de más independencia para asumir esa tarea.

Ya en la arena política, PP y Ciudadanos consideraron también muy grave la denuncia del fiscal Ruiz de Alegría. El consejero de Madrid Enrique López emplazó a Delgado a que explique y «esclarezca de forma inmediata» los hechos. Si lo que se denuncia es cierto, debe dimitir, dice, algo que comparte el portavoz del Comité Ejecutivo de Cs, Edmundo Bal, que lo considera «obligado» . Es más, añade Bal: «Y no sé yo si habrá incurrido [la fiscal general] en algún tipo de responsabilidad penal por haber mantenido de forma artificiosa y sin indicios una investigación criminal contra el señor Stampa no se sabe con qué intereses espurios» . Resalta igualmente que García Ortiz «no tenía además competencias para de ninguna forma sancionar o enmendarle la plana a la actuación de este fiscal investigador». Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Héctor Gómez, respaldó la actuación diaria de la fiscal general del Estado.