«Estamos en una verdadera encrucijada constitucional»
El que fuera presidente del Tribunal Constitucional entre 1995 y 1998 y miembro de esta institución desde 1995 desgrana para ABC los retos del Estado constitucional.
«Hoy, después de más de treinta años de vigencia de la Constitución, el verdadero desafío de la Constitución ... y del Estado por ella alumbrado, ante la dinámica de las reformas estatutarias, es cómo prevenir los riesgos de la fragmentación política en un modelo de organización territorial tan peligrosamente abierto que no parece tener fin y que amenaza con la centrifugación de un Estado trabajosamente construido a lo largo de estos años. Y ante este reto estamos, en el día de la Constitución, en una verdadera encrucijada constitucional. Y es mucho lo que nos jugamos en el envite con las instituciones de nuestro Estado constitucional que tanto esfuerzo costó poner en pie.
La rigidez de nuestro texto constitucional en los procedimientos previstos para su reforma y las dificultades políticas para un consenso en torno a dicha reforma, al menos tan amplio como el pacto constitucional originario de 1978, vistos los mimbres políticos con que hoy contamos, hacen muy difícil cuando no imposible una reforma de la Constitución. Siempre he creído que la idea de la «resistencia» de la Constitución -su apertura y flexibilidad- como vía para la renovación del consenso en torno a ella y una vigencia eficaz y duradera, podía ser una buena alternativa a la dificultad / imposibilidad de reforma constitucional. Pero esa apertura de la Constitución de 1978 no equivale a la inexistencia de límites de lo que cabe y lo que no cabe dentro de ella, como algunos han creído frívolamente. Desde esta perspectiva el panorama se presenta, también, erizado de dificultades en el actual momento político.
Se ha descargado sobre el Tribunal Constitucional una tarea que acaso otros no han sabido o no han querido llevar acabo, obligándole a suplir cauces de negociación y consenso políticos que en rigor correspondían a las Cámaras legislativas cuando lo que se pone en cuestión son los fundamentos más esencialmente políticos del pacto constitucional que sólo las instancias políticas pueden y deben resolver (el concepto de nación, la soberanía nacional, los derechos históricos como fuente singular de legitimación política, la bilateralidad en las relaciones con el Estado...).
Las presiones, verdaderamente tremendas, deslegitimadoras incluso, que el Tribunal Constitucional ha tenido que soportar como consecuencia, es verdad, de su propia incapacidad en la penosa deliberación de la no-sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, han acabado por situarle en el ojo del huracán».
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