España sigue invitando a los actos de Estado al embajador de Maduro

Las promesas que hizo Sánchez el 4 de febrero en una declaración institucional, cuando se comprometió con «la causa de la democracia en Venezuela», han quedado en agua de borrajas. «No vamos a dar un paso atrás en este empeño. España va a estar a la altura de lo que se espera de ella en este conflicto», afirmó ese día. Pero lejos de mejorar, la situación en Venezuela ha ido a peor en estos meses, y ello no ha impedido que España haya «normalizado» su relación diplomática con Maduro.

Esta peculiar situación tiene como consecuencia que el embajador de un régimen que España ha condenado sigue siendo invitado a los actos de Estado con representación del Cuerpo Diplomático. Por ejemplo, el pasado miércoles fue invitado, junto al resto de embajadores iberoamericanos acreditados en España, al almuerzo que ofrecieron los Reyes en el Palacio de Aranjuez tras la reunión del Patronato del Instituto Cervantes. También fue invitado el pasado 30 de abril a la entrega de los premios de periodismo Rey de España, que concede la agencia Efe. Y, salvo que decida ausentarse, Isea podrá acudir, junto al resto del Cuerpo Diplomático, a la celebración de la Fiesta Nacional. En cambio, el representante de la Venezuela democrática, Ecarri, no ha sido invitado a ninguno de estos actos ni a los del 12 de octubre.

El ministro de Exteriores, Josep Borell , reconoció en marzo que «no se puede tener dos embajadores» y que se trataba de una situación «peculiar» porque España había reconocido a un presidente encargado que no tenía el control del Estado, mientras que éste estaba en manos de un «Gobierno de facto» a quien España no reconoce legitimidad democrática.

En aquel momento quedó claro que España no iba a retirar el plácet al embajador de Maduro y que su criterio se impondría en el resto de la Unión Europea. Desde el Gobierno se argumentaba que, si lo hacía, Venezuela expulsaría al embajador de España en Caracas y los españoles se quedarían sin protección en ese país. No obstante, el Gobierno se propuso mantener a la vez una relación impecable con Antonio Ecarri, sin reconocerle como embajador pero sí como representante de Guaidó y también de los 500.000 venezolanos que residen en España. Éstos suelen recurrir al despacho de Ecarri para resolver los problemas cotidianos, como fue la paralización de los canjes de los permisos de conducir.

El abogado Javier Cremades, presidente del despacho contratado por Juan Guaidó y por Leopoldo López en España, cree que nuestro país podría «hacer mucho» por Venezuela, pero está actuando «con tibieza» y «beneficiando a Maduro». «No podemos ser equidistantes», sostiene. «Guaidó representa lo que España quiere defender en su propio país : la vigencia del imperio de la ley, la vigencia de la Constitución y la dignidad humana como soporte y base de toda la actuación pública. Y el régimen de Maduro es justamente lo contrario: el imperio de la fuerza y la tiranía frente a la limitación del poder. Es un régimen usurpador y España le está apoyando».

En opinión de Cremades, «no hay precedentes de reconocer a un régimen que no tiene el control del país, pero la postura adoptada por algunos países, como Colombia o Estados Unidos, tiene más congruencia» que la tomada por España. Ambos países han apostado «por ayudar a una transición. Esa medida diplomática tiene efectos de restar apoyos al régimen de Maduro y favorecer un cambio hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos».

Sin embargo, Europa —influida por España— ha optado por reconocer a los representantes de Guaidó, pero sin darles status diplomático . Con esta medida, sostiene el abogado, «se ha hecho un guiño a Guaidó que tiene nulos efectos prácticos y, sin embargo, refuerza el régimen de Maduro». «Venezuela no tiene tiempo —advierte Cremades—. El país está en una situación extrema. Hace falta una reacción internacional y esta forma de tolerancia es casi un apoyo a Maduro». Añade que «no hay ninguna excusa para que siga sin reconocerse al embajador del presidente Guaidó» y afirma que «el Gobierno en funciones sí que podría tomar esta decisión». «Las consecuencias de enfrentarse a una tiranía son imprevisibles, pero hay que pensar en la historia». Además, agrega, «creo que, con independencia de lo que pase con el embajador de España en Caracas, la representación consular se mantendría en Venezuela, y los españoles estarían salvaguardados».