El doble rasero de Podemos: sus miembros imputados y condenados que no han dimitido

El gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC), por ejemplo, cuenta entre sus filas con un imputado. Se trata del concejal de servicios públicos, el comunista Alberto Cubero , uno de los «pesos pesados» del equipo que lidera el alcalde Pedro Santisteve. ZEC es la marca con la que Podemos entró en la política municipal en Zaragoza, en coalición con IU y con otros partidos minoritarios, entre ellos los independentistas radicales de Puyalón. Cubero es el único cargo público de los cuatro imputados que se sentarán en el banquillo por el grave accidente que se produjo el pasado octubre en la «Carpa de la Cerveza» que se montaba cada año coincidiendo con las Fiestas del Pilar. Una viga de casi cinco metros cayó sobre una mujer de 37 años que se encontraba en el recinto. Resultó herida muy grave, sufrió un severo traumatismo craneoencefálico del que aún no se ha recuperado , pese a haberse sometido a varias intervenciones quirúrgicas desde entonces.

El caso motivó la apertura de investigación policial y diligencias judiciales. El juez instructor ha formalizado la imputación contra el comunista Alberto Cubero y los otros tres acusados , que están a la espera de que se celebre el juicio. Entre tanto, Cubero ha tenido que aportar solidariamente una fianza de 200.000 euros, cubierta a través del seguro de responsabilidad que tiene contratado el Ayuntamiento de Zaragoza. El edil ha rechazado dimitir pese a su imputación , que se formalizó hace más de cuatro meses. El resto de grupos políticos municipales afearon a Cubero que se aferrara al cargo en vez de dimitir. Desde ZEC, sin embargo, argumentan que el código ético de esta coalición establecía las dimisiones solo en imputaciones por casos de corrupción, supuesto que entienden que no se da en este proceso.

Por otro lado, Jorge Luis Bail (diputado en el Congreso por la provincia de Huesca) fue condenado a siete meses de multa (1.260 euros) por un delito de resistencia a la autoridad y una falta de lesiones , por los altercados en los que se vio implicado en octubre de 2012 en Artieda (Huesca), durante una concentración contra las obras de recrecimiento del embalse de Yesa. Fue candidato y diputado electo estando ya imputado. Podemos en ningún momento le apartó de las listas , ni mucho menos del cargo. Ni ha dimitido tras su condena ni Podemos le ha pedido que dimita, sino todo lo contrario: ha salido insistentemente en su defensa. La sentencia condenatoria le llegó en julio del año pasado; en septiembre la recurrieron, y nada más se ha sabido hasta la fecha.

Tampoco en Galicia los concejales imputados de las Mareas en las que se integra Podemos han dejado su acta pese a recoger esta promesa en sus textos organizativos y códigos éticos . Destaca especialmente el caso del concejal de Urbanismo de Santiago de Compostela, Jorge Duarte, imputado por prevaricación por otorgar un presunto trato de favor a varios locales de ocio nocturno que incumplían la normativa municipal. La investigación iniciada por la Fiscalía apuntaba a que el edil habría paralizado con su falta de firma los expedientes sancionadores abiertos a establecimientos afines , mientas que sí había rubricado sanciones a otros muchos. Tras conocerse su imputación, el concejal se negó a dimitir contando con el respaldo del alcalde, Martiño Noriega . Un año después la causa acabó archivada por la misma juez que en víspera de las elecciones municipales de 2015 sentó en el banquillo a siete concejales del PP por un caso similar sobre decisiones administrativas.

En la comunidad vecina, la formación morada también cuenta entre sus filas con un hombre que tuvo que verse las caras con la justicia . Se trata del diputado regional de Podemos Asturias Enrique López, al que se le acusó de un delito de atentado contra agente de la autoridad y de falta de lesiones por los altercados del Teatro Jovellanos en 2014. Además de no dimitir de su cargo, la formación morada respaldó su permanencia. Su condición de aforado hizo que el caso se derivara al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que finalmente le absolvió.

La concejala de Juventud y Protección Animal del Ayuntamiento de Alicante, Marisol Moreno , fue condenada en enero del pasado año a una multa de 6.000 euros por sus comentarios ofensivos contra el Rey Juan Carlos y los miembros de la Familia Real , a quienes llamó «vagos, estafadores, borrachos y asesinos». Los mensajes contenidos en el blog y el perfil de Facebook de Moreno, quien negaó en la vista oral que quisiera injuriar al Rey, fueron destapados por ABC.

Conocida por su apelativo de «Marisol, la Roja», Moreno forma parte del grupo Guanyar Alacant, una suerte de marca blanca con la que Podemos concurrió a las elecciones municipales en la capital alicantina.

Moreno d ejó la portavocía de su grupo pero pese a su condena por un delito de injurias al Rey mantiene el acta de edil y las competencias en el área de Juventud y Protección Animal en el Gobierno municipal que forman el PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar Alacant.

Cantabria también ha contado con un caso similar. Marcos Martínez, entonces miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, fue imputado por un escrache al presidente del PP regional y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego . Sin embargo, decidió no dimitir de su cargo al considerar que su caso no incumplía el código ético de Podemos. Sí renunció más tarde, pero por asuntos que nada tenían que ver con esta causa , sino que su decisión se debió a disputas internas en la formación morada de la comunidad.

En Extremadura la formación morada también tiene un caso similar. Se trata de Eugenio Romero, miembro del Consejo Ciudadano Autonómico y diputado de la Asamblea, que en febrero de 2014 participó, junto a otras 18 personas, en el asalto por la fuerza al Centro Regional de TVE para irrumpir en el informativo , que terminó siendo suspendido tras colocarse detrás de la presentadora, desplegar una pancarta y lanzar gritos reivindicativos. Fue condenado a una multa de 900 euros. No dejó su cargo, y a día de hoy continúa en él.

El pasado mes de enero, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, acordó que la diputada autonómica de Podemos Baleares Marta Maicas debería comparecer en calidad de investigada —equivalente a imputada— ante el juez, para declarar en relación a un presunto delito de falsedad documental por parte de la formación morada. Pese a la imputación, Maicas optó por mantener su acta de diputada.

La citación judicial de Maicas estaba vinculada a la denuncia que en noviembre del pasado año había registrado la entonces aún diputada autonómica de Podemos Montserrat Seijas , hoy en el Grupo Mixto, contra su entonces todavía Grupo Parlamentario. La demanda fue presentada porque los ahora antiguos compañeros de Seijas utilizaron, sin su consentimiento, su firma digitalizada para retirar una serie de preguntas que la diputada tenía previsto formular ante la Comisión de Salud prevista para el 16 de noviembre. Maicas fue citada por ser la coordinadora del Grupo Parlamentario de la formación morada en la Cámara regional.

En su declaración ante el juez, que tuvo lugar el 1 de febrero, Maicas negó que Podemos hubiera falsificado la firma de Seijas y añadió que lo ocurrido se había debido a un error técnico . En ese contexto, la abogada de Maicas, Aina Díaz, explicó que cuando fue descubierto el citado error informático, Podemos registró un escrito en la Cámara en el que explicaba lo sucedido. Díaz recalcó que Seijas pudo plantear entonces las mismas preguntas que tenía previsto presentar inicialmente en la Comisión de Salud. Por todo ello, la abogada de Maicas solicitaba al juez el archivo del caso.

Díaz situó la demanda presentada por Seijas en el marco de su expulsión de Podemos por una presunta vulneración del código ético del partido . La hoy expresidenta de la Cámara, Xelo Huertas, fue también expulsada de la formación morada por idéntica razón. Finalmente, el pasado mes de abril el juez decretó el archivo de la causa contra Maicas, al considerar que no se había producido ningún delito.

Una de las imputaciones más recientes es la de José María González Santos, «Kichi» , que está procesado por delitos de calumnias e injurias contra el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular de Cádiz, donde ahora este miembro de Podemos es alcalde. Tampoco él ha anunciado su intención de dimitir.