Del 9-N al 1-O, en diez claves

Nada ha cambiado, entre 2014 y 2017, respecto a los redactados de la Carta Magna y el Estatuto. La soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y España es «indisoluble», según rezan los artículos 1 y 2 de la Constitución. Por su parte, el Estatuto -ajustado a la legalidad por el Tribunal Constitucional (TC) en 2010- señala que las consultas que puede convocar y organizar la Generalitat son, únicamente, para aquellos asuntos de los que esta administración tiene competencias (artículo 122) y nada dice de los referendos, que se rigen en base a la Constitución (artículo 92). El TC ha ratificado en varias sentencias que Cataluña ni es sujeto político, ni soberana, ni la Generalitat puede convocar un referéndum de autodeterminación.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo ha manifestado en varias ocasiones: «No voy a autorizar ningún referéndum para la secesión, porque ni puedo ni quiero». Lo dijo a finales de 2013, tras el anuncio de Mas, y lo dijo recientemente en un acto en Barcelona. En caso de que se pudiera llevar a cabo un referéndum de autodeterminación -modificada la Carta Magna y ajustadas las leyes-, esto no significa que se tenga que llevar a cabo solo por la petición de una minoría. PP, PSOE y Cs han reiterado que se opondrán democráticamente a que España se pueda trocear.

Ni la Generalitat, ni el Gobierno explican con detalle sus próximos pasos. Puigdemont asegura que no hay vuelta atrás y que los catalanes votarán el 1 de octubre. Pero no concreta cómo solventará los inconvenientes legales. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el referéndum independentista «no se va a celebrar»; y en los mismos términos se manifestó Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Ejecutivo, a preguntas de ABC el viernes tras la reunión del Consejo de Ministros. Hoy, como tras la convocatoria de Mas en 2013, los dos gobiernos prometen futuribles incompatibles.

En la consulta del 9-N no existieron juntas electorales, como sí ocurre en cualquier proceso electoral democrático y que se encargan del correcto desarrollo de la jornda electoral y los días previos de la campaña. Tampoco hubo un cuerpo imparcial que recontara los votos, como es obligatorio. Este trabajo lo hicieron miembros de las entidades que llevaron a cabo la consulta -con la ayuda de la Generalitat en cuanto a la intendencia-, favorables a la secesión, que fueron los que además controlaron las mesas electorales y el recuento.

La Generalitat no dispone de un censo electoral al uso. En cada cita electoral, son los ayuntamientos los que realizan las listas, que luego administra la autoridad electoral. Para el 9-N, se utilizó la dirección postal que figura en el DNI y una web institucional para saber el lugar en el que votar. Puigdemont no ha desvelado cómo conseguirá que los ciudadanos sepan dónde tienen que ir a votar. Ni cómo obtendrá el censo.

Desde las filas del independentismo, y ciertos sectores del catalanismo, se reivindica que el 80% de los catalanes quiere ejercer «el derecho a decidir». Sin embargo, la mayor encuesta y más científica fue el propio 9-N, cuya participación fue del 37% del censo.

Nadie niega, a estas alturas, que exitió un acuerdo no escrito entre el Gobierno y la Generalitat para que puediera llevarse a cabo la consulta del 9-N. Fue una forma de dar una salida a Mas y CiU, acosados por la presión de ERC y la CUP. Pero la aparición de Mas la misma noche del 9-N para valorar los resultados ante los medios de comunicación y el seguimiento de Joana Ortega, vicepresidenta autonómica, con toda la maquinaria de la Generalitat a su lado, hizo que el Ejecutivo se viera obligado a llevar el caso ante los tribunales. El Gobierno no puede permitirse otra «traición» como la del 9-N.

Aquella noche del 9 de noviembre de 2014 empezó el calvario judicial para los organizadores de la consulta. Ahora, Mas, Ortega, Homs y Rigau están inhabilitados para cargo público por desobedecer al TC. Además, el Tribunal de Cuentas tiene abierta una investigación por posible malversación de dinero público. Podrían tener que asumir hasta cinco millones de euros. Es otro riesgo que corren los responsables del referéndum ilegal anunciado para el próximo 1 de octubre.

Uso atípico de la mayoría formada por JpS y la CUP. Se está a punto de cambiar el reglamento parlamentario para poder aprobar normas sin el mínimo debate democrático y en apenas 24 horas, con la intención de que este sea el trámite para las llamadas «leyes de desconexión». O se ignoran dictámines del Consejo de Garantías Estatutarias -en base a que son no vinculantes- cuando esta institución autonómica, por unanimidad, «tumba» las partidas presupuestarias destinadas al referéndum de secesión.

A diferencia del 9-N, para el referéndum de Puigdemont, se van a aprobar unas normas autonómicas («leyes de desconexión») que se esconden a la oposición parlamentaria y que JpS y la CUP aspiran a solventar en apenas una sola sesión. El objetivo es dar el menor tiempo de reacción al Gobierno y al TC para que las normas estén vigentes el mayor tiempo posible. Una estrategia así solo cabe entre los que son conocedores de que su propuesta no cabe en el ordenamiento jurídico constitucional.