Detenidos cinco funcionarios de la cárcel de Navalcarnero por pasar droga y teléfonos a los presos

Esta es la segunda operación del mismo tipo que realiza la Guardia Civil desde junio. Entonces agentes de la Comandancia de Madrid detuvieron a cuatro funcionarios por introducir droga en Valdemoro durante la pandemia. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro decretó prisión sin fianza para tres de ellos y dejó en libertada al cuarto aunque como investigado, según confirmaron los sindicatos de prisiones en un comunicado. Dos de los investigados ingresaron en la prisión de Estremera, que cuenta con un módulo de funcionarios (en el que estuvo el excomisario Villarejo), mientras que la tercera, una mujer, fue enviada a Soto del Real, según pudo confirmar ABC en fuentes de la investigación.

Las fuentes consultadas no han explicado si ambas operaciones guardan relación, aunque siguen el mismo patrón de detenciones, registros de las taquillas de los implicados con perros especializados en la búsqueda de droga, registro de alguno de los módulos, y control de las entradas y salidas de todo el personal de los centros. En el operativo llevado a cabo en junio el origen de la investigación fue la declaración de dos personas, que aparecen como testigos protegidos.

En una de las celdas rastreadas en esa fecha se localizó, al menos, un teléfono móvil, objeto cuya tenencia y uso está prohibida a los reclusos. En la operación que ha empezado esta mañana también se sigue la pista de varios teléfonos móviles que los implicados habrían vendido a algún preso.

La primera investigación empezó en pleno confinamiento tras detectarse que en la cárcel madrileña había droga pese a estar cerradas las prisiones de toda España a cal y canto, sin visitas ni permisos de salida en los que algunos internos y sus allegados aprovechan para introducir estupefacientes por todos los medios imaginables. Ese suministro lo seguían haciendo, supuestamente, los funcionarios ahora en prisión, según fuentes de la Guardia Civil.

Tras conocerse la decisión judicial de junio, las secciones sindicales de Valdemoro apelaron a la presunción de inocencia y a que no se criminalice «al conjunto de la plantilla del centro». Recuerdan en su comunicado la «penosidad, peligrosidad y dureza del medio» en el que trabajan y piden que su credibilidad no quede en entredicho.

Uno de cada cinco internos fallecidos por sobredosis murió tras una visita con sus familiares o a la vuelta de un permiso. Durante la pandemia, según informó en su momento Instituciones Penitenciarias, no hubo muertes por sobredosis en la cárceles, lo que evidenció la hipótesis de trabajo de cómo entran las drogas en los centros.