Los desprecios de la Generalitat que tolera el Gobierno

Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno catalán de Torra ha sido la de restablecer el Diplocat -organismo dedicado a la diplomacia internacional a favor de la secesión- y lo ha hecho argumentando que el Gobierno ,mientras duró la aplicación del 155, no había dado carpetazo legal al ente. Para la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, el Diplocat ha hecho «una tarea excelente» y, por lo tanto, se le dará «continuidad». Este organismo se centró en difundir, durante los meses previos al 1 de octubre de 2017 (1-O), «las bondades» de la secesión catalana y, entre otras tareas, trajo a Cataluña «observadores internacionales» a favor de la causa secesionista para divulgarla, después, en el extranjero.

En la línea de mantener «la internacionalización» de la independencia, la Generalitat nombró la semana pasada a Meritxell Serret nueva delegada autonómica ante la Unión Europea. Serret estará al frente de una de las dos delegaciones que el Gobierno mantuvo durante la aplicación del 155 (en Bruselas y en Madrid), pese a que se fugó de la Justicia española -reclamada por el Tribunal Supremo - y está acusada de desobediencia y malversación de caudales públicos. Serret mantiene la libertad de movimientos -ya que no ha sido condenada- y utilizará estar en rebeldía para intentar desprestigiar a España en los foros internacionales en los que tenga cabida. La Generalitat, además, ha reabierto seis «embajadas» y espera tener operativas, en unos meses, más de las que ya tenía antes del 155.

Tras el cambio de inquilino en La Moncloa, el secesionismo institucional ha reforzado sus críticas en el Jefe del Estado, el Rey Felipe VI. Con la inauguración de los Juegos Mediterráneos (Tarragona) como excusa, o un acto en Gerona de la Fundación Princesa de Girona, desde el gobierno catalán, Junts per Catalunya (JpC) y ERC se ha acusado al Rey de ser cómplice de las cargas policiales que la Policía Nacional y la Guardia Civil efectuaron el 1-O para cumplir con las resoluciones judiciales. En esta línea, Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas exigieron a Felipe VI, por carta, que pidiera disculpas por su defensa (el 3 de octubre) del Estado de Derecho y la Constitución. Torra, como protesta, ha dejado la vicepresidencia de honor de la Fundación Princesa de Girona (FPdGI).

Mantener a salvo TV3, televisión que los grupos independentistas consideran una perla a proteger. No en vano, los grupos de la oposición han criticado reiteradamente el sesgo político de sus informativos y reportajes de producción propia. Tras recuperar la Generalitat, Torra ha inyectado una partida extra de 20,4 millones de euros para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Un ejemplo del uso partidista de TV3 se dio hace unos días con la emisión de un documental de la factoría Jaume Roures, en defensa de la actuación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart el 20 de septiembre, durante el acoso a la comitiva judicial en la Consejería de Economía. Los Jordis están acusados de rebelión y en prisión preventiva.

Aunque la restitución de todo el gobierno catalán previo al 155 ha sido imposible (algunos de los consejeros están en la cárcel, otros están fugados y algunos cargos intermedios han decidido no repetir), sí se han resituado varios altos cargos que, según las instrucciones judiciales en marcha, han formado parte, presuntamente, de la dirección en el intento de subvertir el orden constitucional en los meses de septiembre y octubre de 2017. Este sería el caso de Antoni Molons -que fue secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, y está imputado por malversación y desobediencia en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona - y, tras el 155, ha sido nombrado secretario de Comunicación de la Generalitat. Otro ejemplo es el de Ferran Mascarell, a quien se le ha restituido como delegado de la Generalitat en Madrid. Por contra, se ha depurado al jefe de los Mossos d’Esquadra que asumió el cargo tras la destitución de Josep Lluís Trapero. Ferran López, quien era el segundo de Trapero hasta octubre de 2017, y quien ha sido destituido por Miquel Buch, nuevo consejero de Interior.

Los líderes de la Generalitat han dicho una y otra vez que no descartan de nuevo la «unilateralidad» para conseguir su objetivo: la independencia de Cataluña. Y para ello, como han confesado entre otros Torra, Artadi y Pere Aragonès, vicepresidente autonómico y consejero de Economía y Hacienda, «habrá otros 1-O» y, entonces, auguran, el secesionismo deberá imponerse. Siguiendo el estilo impulsado durante el mandato de Mas y potenciado por Puigdemont, Torra no pierde ocasión para intentar ridiculizar al Estado. El último caso, aunque vendrán más, es el vivido en Washington D. C. (EE.UU.) donde la delegación autonómica -encabezada por Torra- se retiró de un acto mientras el embajador español en EE.UU., Pedro Morenés, defendía la Constitución y la modernidad de España. Otro ejemplo de tensión dialéctica por parte del secesionismo han sido las intervenciones de Gabriel Rufián (ERC) en el Congreso . La semana pasada pidió a Sánchez «diálogo» mientras consideraba «secuestrados» a los presos preventivos y «hooligan» al ministro Josep Borrell.