Delgado reconoce ahora que Llarena no habló a título particular en sus declaraciones sobre la causa del 1-O

En su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Justicia del Congreso, Delgado ha explicado detalladamente los pasos que dio su departamento desde el pasado 10 de julio y ha intentado acallar así las diferencias que salieron a la luz no sólo en el seno del Ejecutivo (y que de hecho le obligaron a rectificar), sino dentro de su propio departamento, desde donde la Abogacía del Estado e incluso altos cargos del propio Ministerio le aconsejaron que no se desligara lo que Delgado llamó «actos privados» de Llarena de su actuación jurisdiccional.

Desoyendo estos consejos, la ministra difundió una nota de prensa el 23 de agosto en la que condicionaba la personación de España a que el juez belga cuestionara aspectos relacionados con la causa del 1-O. «Sobre las manifestaciones privadas realizadas por el juez LLarena el Gobierno no puede actuar puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función», señalaba aquella nota.

Delgado ha puesto el acento en la «falta de claridad» del comunicado y, sin entonar el «mea culpa» en ningún momento , este martes sí ha reconocido que las declaraciones del magistrado (los demandantes utilizan como percha que Llarena dijera que en la causa del 1-O no hay presos políticos) están «absolutamente imbricadas en el procedimiento» instruido en el Tribunal Supremo. Para la ministra se trata de una demanda «instrumental» que cuestiona directamente la soberanía jurisdiccional española.

Mientras los portavoces del Grupo Popular y Ciudadanos, María Jesús Moro y Marcial Gómez respectivamente, han celebrado el viraje de la ministra en la defensa del instructor del Tribunal Supremo (el segundo ha hablado de hipotecas de Pedro Sánchez con los independentistas), la portavoz del PDCat Lourdes Ciuró ha instado a Delgado a que explique la contratación de un despacho belga «con el dinero de todos los contribuyentes» por lo que ha tildado de «actos privados».

La diputada ha sostenido que los procesados del 1-O son «presos políticos» y ha atribuido la rectificación de la ministra a la «presión de la extrema derecha española». Ha obviado así el comunicado conjunto de las asociaciones de jueces y fiscales en defensa de la soberanía jurisdiccional española.