Crecen un 62% las pateras en la costa sur con un 135% más de inmigrantes

La ecuación es más nítida aún si se cierra el foco exclusivamente en marzo, tiempo en que el número de pateras se ha duplicado en la comparativa interanual -22 a 11- pero la cantidad de personas que iban en ellas se ha triplicado de largo al pasar de 148 en 2016 a los 503 acumulados ya este mes. Es un 239% más, de acuerdo con los datos provisionales facilitados a ABC por la Delegación del Gobierno en Andalucía a partir de las operaciones de Salvamento Marítimo. Conclusión: la cifra de embarcaciones crece, pero además tienen mucha mayor capacidad y transportan a más inmigrantes, lo que sin duda redunda en beneficio de las organizaciones criminales que les conducen, extorsionan y, en muchos casos, chantajean tras la llegada al destino.

Esta evolución hacia un tráfico de seres humanos a lo grande, en grupos de 40 y 50 dentro de una misma embarcación, ya se detectó en 2016, año récord en intentonas de entrada ilegal en patera a España, lo que coincidió con la decisión de las mafias de sustituir la tradicional ruta del Estrecho que cruzaban incluso en barcas hinchables hacia Tarifa -un trayecto corto, pero muy arriesgado debido a las fuertes corrientes-, por otra a través del mar de Alborán. Este nuevo recorrido implica adentrarse en una superficie marítima mucho más extensa, y por ello más difícil de controlar por los radares del Sive (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) y de gestionar por las fuerzas de seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional) y asistencia (Salvamento Marítimo y Cruz Roja). Llegar hasta las embarcaciones una vez detectadas puede costar horas de navegación.

El cambio de tendencia lo explica a este diario el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y lo ilustra de forma objetiva haciendo referencia al salto estadístico habido entre 2015 y 2016: 491 pateras con 3.369 inmigrantes el primero de esos años, 364 pateras -127 menos- el segundo, pero con casi el doble de ocupantes: 6.109.

Para el delegado del Gobierno, el incremento en los últimos meses del número de embarcaciones que consiguen aproximarse a las costas españolas no guarda relación con el aumento, también en cantidad y en el volumen de los grupos, de los asaltos que recientemente se han registrado en la valla fronteriza de Ceuta. En febrero, en solo 72 horas fue superada por 900 subsaharianos , algo no visto en una década, lo que suscitó dudas en torno a Marruecos, distanciado desde diciembre de la UE por cuestiones siempre relacionadas con el Sáhara.

«La relación y la colaboración con Marruecos, con su Gendarmería o con la Policía, es plena y es muy positiva, también en lo que respecta a los rescates, y a la información», subraya Sanz, que descarta que exista conexión alguna entre crisis migratoria en la alambrada y en el mar, por paralelas que pudieran parecer.

Para el delegado del Gobierno la clave es otra y está en combatir a las organizaciones que mercadean con las esperanzas de los inmigrantes -subsaharianos en un 80%, seguidos de argelinos y marroquíes- que buscan, a menudo «engañados», una vida mejor en Europa. Fundamental es, por tanto, el trabajo «importantísimo y ejemplo internacional» de los Cuerpos de Seguridad y los dispositivos de salvamento, como lo prueba la reciente operación «Yeravi» liderada por la Guardia Civil y culminada el miércoles, que se ha saldado con 16 detenidos de nacionalidad marroquí, a los que la investigación señala como supuestos facilitadores de la llegada irregular a España desde Marruecos de unas 300 personas en apenas un año.

Cobro del viaje aparte -de 3.000 a 5.000 euros por cabeza-, estas personas eran también retenidas en el destino mientras los presuntos delincuentes chantajeaban a sus familias en las ciudades de origen exigiéndoles más dinero. En los correspondientes registros domiciliarios, a los detenidos se les incautaron 16.435 euros en metálico y 132 kilos de hachís , entre otros efectos.

Estremecedora era la actividad de la red desarticulada en febrero por la Policía Nacional que se dedicaba a la trata de seres humanos, entre ellos mujeres -incluida una menor de 16 años- que una vez en la Península eran sometidas a explotación sexual en condiciones de absoluta esclavitud. Se arrestó en España y Marruecos a diez ciudadanos nigerianos, dos de los cuales han sido considerados los jefes máximos que han capitaneado el tráfico ilegal de inmigrantes a través del Estrecho de Gibraltar durante los últimos años.