Las Cortes aprueban un nuevo código ético que limita los regalos a diputados y senadores

El código de conducta será aplicable a todos los parlamentarios de las Cortes Generales, por lo que tras su aprobación por las Mesas de ambas Cámaras que mañana se reúnen separadamente deberá ser ratificado en una reunión posterior de Mesas conjuntas.

Aunque cabe la posibilidad de que las Mesas puedan introducir alguna modificación al borrador entregado a los grupos, fuentes parlamentarias del Congreso y el Senado coinciden en que lo más probable es que salga adelante, al menos en sus líneas maestras.

La regulación es nueva para la Cámara Alta, pero no así para el Congreso, que en 2019 ya aprobó, cuando Ana Pastor era su presidenta, un código propio que ha servido de patrón para el que se quiere acordar ahora y que supondrá su derogación.

Entre las novedades que incorpora el borrador facilitado a los grupos figura el plazo de cinco años en el período sobre el que diputados y senadores deben informar de aquellas actividades «que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos».

También tendrán que dar cuenta de todas las «donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza» obtenidos en ese tiempo, y se especifican los «viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales» que por su valor económico puedan ser «relevantes» para conflictos e intereses.

Además deberán abstenerse de «aceptar, en beneficio propio de su entorno familiar» aquellos «obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios».

A estos efectos se entenderán aquellos regalos o beneficios cuyo valor estimado supere los 150 euros.

El nuevo código deontológico establece la creación de sendos registros de intereses económicos de diputados y senadores , de acceso público, y prevé la publicación en las web de ambas Cámaras de sus datos académicos y profesionales, donde se podrán consultar «todos los títulos, datos y archivos» consignados.

Eso sí, la responsabilidad de la «veracidad, exactitud y actualidad» de la información económica, académica y profesional publicada será responsabilidad de cada parlamentario, sin que exista mecanismo previo de verificación.

La prohibición de recibir «gratificación de ninguna clase, dineraria o en especie» se aplicará los viajes y misiones de observación electoral en los que participen diputados y senadores.

Todas estas actuaciones se acometen al amparo de los principios de conducta a los que estarán obligados: «Integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto».

Y también se determina que los miembros de las Cortes «ejercerán sus derechos y cumplirán los deberes inherentes a su cargo atendiendo exclusivamente a la consecución de interés general y se abstendrán de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo por ello».

Habrá, en suma, conflicto de interés cuando alguno de ellos «tenga un interés personal, tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en cumplimiento de sus deberes.

Se abre la puerta a que el Congreso y el Senado abran sus respectivas Oficinas de Conflictos de Intereses para resolver aquellas dudas de interpretación sobre las normas del código, y que emitirán informes anuales sobre su cumplimiento.

En caso de posible vulneración habrá un procedimiento para determinar si se ha cometido infracción, algo que determinarán la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso y la Comisión de Incompatibilidades del Senado.