El Consejo de Transparencia exige más medios y un presidente: «Somos 22 y deberíamos ser 60»

«Siempre hemos procurado ser cuidadosos y cargarnos de argumentos en nuestras resoluciones», explica Esperanza Zambrano, subdirectora general de Reclamaciones en el Consejo de Transparencia, la entidad que puede prestar amparo a los ciudadanos cuyas peticiones de información realizadas a través del Portal de Transparencia hayan sido desoídas o descartadas por la Administración. El caso del Falcon, entre otros, ayudó a poner en el mapa a esta institución que, pese a su decisiva labor y al importante volumen de trabajo que aglutina, únicamente tiene 22 trabajadores y, desde hace más de dos años, trabaja sin un presidente nombrado de manera oficial.

Javier Amorós es el subdirector de Transparencia y Buen Gobierno pero, cuando falleció Esther Arizmendi, la presidenta de la institución, y el puesto quedó vacante, asumió en funciones sus labores. Y hasta hoy. Explica que para nombrar a un presidente de pleno derecho tiene que darse una mayoría absoluta entre los distintos partidos que forman la comisión del Congreso. «Y en estos casos el consenso…», suspira Amorós, a la vez que remarca que el Consejo de Transparencia debería triplicar su personal para poder desarrollar todas sus competencias: «En una fiscalización del Tribunal de Cuentas nos pidieron que hiciéramos un estudio del personal con la carga de trabajo que tenemos y desde mi punto de vista creo que deberíamos ser 57 o 60 personas para tener un nivel de eficacia aceptable».

Esto se debe a que, aunque las actividades más conocidas y que prioriza el Consejo están relacionadas con resolver las reclamaciones ciudadanas, también tienen otras competencias que, con una plantilla tan ajustada, no siempre se pueden cubrir. «La prioridad es resolver las reclamaciones, porque hay un ciudadano detrás, pero hay cosas que no hacemos porque no podemos», reconoce Amorós, que también indica que el Consejo debe evaluar, por ejemplo, las páginas web de la Administración o si éstas tramitan correctamente el acceso a la información por parte de la sociedad.

En cinco años y medio de actividad, el Consejo, que goza de independencia funcional pero que depende orgánicamente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha recibido 6.022 reclamaciones de ciudadanos descontentos con la respuesta de la Administración a sus peticiones de información. Y el número de reclamaciones anual crece en cada ejercicio: de las 517 de 2015 a las 1.780 de 2019.

Las resoluciones que dicta el Consejo sobre dichas reclamaciones son ejecutivas. Es decir, deben ser acatadas por la Administración. Sin embargo, como el texto normativo no establece ningún mecanismo punitivo en manos de dicha institución, los Ministerios -o la administración de turno- juegan todas sus cartas para demorar todo lo posible, incluso llegando a la arena judicial o, en el peor de los casos, desobedeciendo las resoluciones.

Este es uno de los principales agujeros de la ley de Transparencia que, como apuntan Zambrano y Amorós, es mejorable. «La defendemos porque entendemos que es mejor tener algo que no tener nada, pero realmente tiene algunos problemas en la concepción que hacen difícil impulsarla», expone el presidente en funciones. A falta de herramientas efectivas para castigar a quien no cumpla las resoluciones, Amorós apunta que ahora mismo el Consejo únicamente puede apelar «al coste reputacional» que acarrea para un Ministerio o cualquier otra entidad pública salir en los medios de comunicación señalado por no cumplir con sus obligaciones en Transparencia. «Hay otros países, como Chile, donde sí pueden imponer sanciones”, indica Amorós, quien es consciente de que ha habido iniciativas por reformar la ley de Transparencia, pero que nunca cristalizan: «No es una prioridad en la agenda de los partidos en estos momentos».

No obstante, Zambrano, al margen de estos problemas, también encuentra la lectura positiva de la actividad del Consejo en sus cinco años y medio de vida, en los que han pasado de ver cómo la ciudadanía preguntaba por cuestiones demasiado particulares y sin interés general a solicitar datos a la Administración cada vez más interesantes para todos. «Esto habla de la madurez como sociedad. Hemos visto en estos años una evolución en cuanto a la información que se pide, que cada vez se ajusta más a aquello para lo que la ley está concebida», reconoce la subdirectora general de Reclamaciones.

Y esta evolución también se ha visto reflejada en la Administración, donde, como explican tanto Amorós como Zambrano, es raro encontrar una institución que, en mayor o en menor medida, de una forma acertada o no tanto, no ofrezca algún tipo de información. Esto era algo impensable hace diez años, cuando no había ley de Transparencia y la exigencia de rendición de cuentas no parecía un papel que la ciudadanía podía desempeñar: «Se lo empiezan a tomar en serio».

La mentalidad, sin embargo, todavía debe cambiar un poco más, también en la administración. La falta de personal para acometer las solicitudes ciudadanas es un gran problema. «Pasa como en todo, que se pone en marcha una política, pero no hay programa de inversiones y cada administración tiene que reutilizar lo que tiene», expone Amorós, a quien complementa Zambrano: «Si concibes esto [para los trabajadores de la función pública] como una carga adicional, como una responsabilidad más, surge el rechazo».

«Que no se vea la transparencia como un peligro, sino como un beneficio. Esto ha venido para quedarse», reivindica Zambrano, quien espera que, dentro de diez años, cuando esta materia esté todavía más asentada en la sociedad y en las distintas administraciones, puede darse un escenario propicio en el que los ciudadanos no tengan que elevar reclamaciones porque no hayan obtenido respuesta o esta no ha sido satisfactoria: «Mi ideal sería que no hubiera reclamaciones porque la información fuera accesible, no porque no hubiera peticiones».

Pero antes de hablar de futuribles, en el Consejo de Transparencia tendrán que hacer frente al escenario más inmediato, que no es otro que una previsible avalancha de trabajo como consecuencia del parón del Portal de Transparencia, que durante el confinamiento recibió numerosísimas peticiones de información relacionadas con el estado de alarma.

Como el Consejo entra en juego en aquellos casos en que los ciudadanos le solicitan amparo después que la Administración no les haya facilitado la información solicitada a través del Portal, el embudo de trabajo llegará, según sus cálculos, después del verano. «Al suspenderse los plazos y no haber respuestas, no hubo solicitudes aquí, ya que reaccionamos al Portal», explica Zambrano. A continuación, Amorós afina las previsiones: «Nosotros reaccionamos al Portal, así que pensamos que la ola llegará en septiembre ».

Y entonces, el equipo del Consejo volverá a, con la ley en la mano, dar la razón a quien más la merezca, por poderosa -veáse Moncloa o algún ministerio- que sea una de las partes. «Cuando firmas algo comprometido piensas que te va a caer la del pulpo, pero en realidad es algo que nunca se ha producido», confiesa Amorós. Y Zambrano, concluye: «Creo que nos hemos ganado la independencia».