El conocimiento del catalán volverá a ser un requisito para los funcionarios que quieran trabajar en Baleares

La propuesta había sido presentada por los socialistas, con el apoyo de la coalición econacionalista MÉS y de Podemos , formaciones que hace ocho meses suscribieron un acuerdo de gobernabilidad que permitió la elección de la socialista Francina Armengol como nueva presidenta del Gobierno balear. El actual Ejecutivo autonómico únicamente cuenta con consejeros del PSOE y de MÉS, si bien tiene el apoyo externo de Podemos. Han votado en contra de esta proposición de ley tanto el PP como Ciudadanos.

Cabe recordar que el anterior Ejecutivo regional, que presidió el popular José Ramón Bauzá , había modificado la Ley de Función Pública en julio de 2012, con la supresión del requisito de acreditar el conocimiento del catalán para trabajar en la Administración. Esa modificación no incluía al personal docente ni a aquellos empleados públicos dedicados específicamente a atender a los administrados. El PSOE presentó en su momento un recurso de inconstitucionalidad contra dicha modificación de la Ley de Función Pública. Sin embargo, en octubre de 2013 el Tribunal Constitucional avaló la decisión de Bauzá.

El Parlamento regional también ha aprobado este martes una proposición de ley presentada por la formación Proposta per les Illes (PI) -sucesora de la extinta UM-, para modificar la Ley de Normalización Lingüística. La propuesta de PI establece, entre otros puntos, que los ciudadanos de Baleares tienen derecho a usar la lengua catalana oralmente, por escrito y en sus relaciones con la Administración. Han votado a favor de esta segunda proposición, además de PI, el PSOE, MÉS y Podemos.

La Ley de Normalización Lingüística fue aprobada en 1986, con el popular Gabriel Cañellas como presidente autonómico. Dicha ley ha estado vigente desde entonces, si bien PI consideraba que algunos de los cambios impulsados por Bauzá en la pasada legislatura en materia lingüística suponían, de hecho, un retroceso en la aplicación de la mencionada ley.

Por su parte, tanto el PP como Ciudadanos han votado en contra de la mayor parte de puntos de esa segunda proposición de ley. Además, ambas formaciones han presentado diversas enmiendas, que han sido rechazadas por el resto de partidos. Los populares han solicitado, entre otras peticiones, que se garantizase «el ejercicio efectivo del derecho de opción lingüística de cada ciudadano», mientras que Ciudadanos ha defendido que los topónimos de Baleares estén escritos también en castellano. Ambos partidos han solicitado, igualmente, la protección de las modalidades lingüísticas insulares del catalán.