El Congreso solo ha aprobado tres de las 23 leyes urgentes de la pandemia

Más de la mitad de todas estas leyes «atascadas» fueron impulsadas durante el primer estado de alarma –de marzo a junio de 2020– por lo que deberían haber entrado en vigor hace ya meses. Son 13 de los 20 textos urgentes varados, con el agravante de que conforman el grueso de las 16 leyes que se lanzaron en aquel momento para ahondar en la lucha contra el virus y sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias.

El retraso que acumulan todas estas iniciativas no solo pone en evidencia cuáles son las prioridades del Gobierno sino también la fiabilidad de su palabra. La mayoría de estos textos provienen de decretos-leyes que fueron convalidados por el Congreso después de que el Ejecutivo se comprometiera a tramitarlos como leyes urgentes para que la oposición pudiera introducir mejoras.

Sin embargo, el Gobierno ha cumplido esta promesa a medias. Una vez convalidados, los textos han echado a andar como leyes urgentes pero el ritmo de su tramitación no se ha correspondido con ello. Si las vacunas funcionan y las previsiones se cumplen, es posible que varios de estos desarrollos pierdan el sentido antes de ser aprobadas.

Fuentes socialistas argumentan que no son los únicos que, junto a Unidas Podemos , han solicitado ampliaciones de los plazos de enmiendas. La fase en la que más se han atascado estas leyes urgentes. Y acusan a los populares de haber solicitado prórrogas en casi todos los textos.

Sin embargo, el partido que preside Pablo Casado no tiene capacidad alguna para marcar la velocidad de la tramitación parlamentaria en esta legislatura y, frecuentemente, cuando solicita más o menos tiempo no suele ser escuchado. El calendario de cualquier iniciativa pasa, irremediablemente, por la izquierda que es el bloque que controla no la mayoría en la Mesa de la Cámara y en todas las comisiones.

La lentitud de la izquierda en el desarrollo legislativo contra el virus contrasta con la máxima velocidad que PSOE y Unidas Podemos aplican, sin embargo, a sus reformas ideológicas. El cambio legal que permitirá al Gobierno tomar el control del Consejo General del Poder Judicial recortando sus funciones fue presentado a primeros del pasado diciembre y se encuentra ya en fase de informe.

Un estado que comparte con buena parte de las leyes urgentes que se lanzaron durante la pasada primavera. Otro ejemplo es la nueva ley de educación . Fue presentada a primeros de marzo, con tramitación normal, pero el 23 de diciembre quedaba definitivamente aprobada adelantando a muchas leyes urgentes contra la pandemia.

Algo similar está sucediendo con la ley que despenalizará la eutanasia. Fue registrada a finales de enero de 2020 con tramitación normal pero se encuentra ya en el Senado . Los nuevos Presupuestos fueron otro ejemplo. El Gobierno los presentó a finales de octubre pero en menos de dos meses estaban ya aprobados.

Entre los proyectos que se encuentran varados destacan el desarollo legislativo de las medidas urgentes anti-Covid, el ingreso mínimo vital o la prohibición de los despidos aunque especialmente sangrante es el caso de la ley de nueva normalidad. El exministro de Sanidad, Salvador Illa, defendió este texto en el pleno como herramienta para la luchar contra los rebrotes del verano pasado y se encuentra ahora en trámite de ponencia.

Después de seis meses de tramitación, PSOE y Unidas Podemos comunicaron al resto de los grupos parlamentarios en diciembre que no admitirían ni introducirían ninguna enmienda salvo una mejora técnica. Si este mes no dan marcha atrás, la nueva ley no será más que una fotocopia del decreto vigente desde junio. Un texto evidentemente incapaz de afrontar cualquier tipo de rebrote.

El bloqueo en materia económica es especialmente sensible pues implica a normas que han afectado a importantes cuestiones legales del funcionamiento de las empresas. Es el caso del proyecto de ley por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del Covid, de abril, y que recoge la prohibición del despido por causa del coronavirus.

Este proyecto de ley, varado en la Comisión de Trabajo a la espera del informe de ponencia, es especialmente polémico en el mundo económico. De hecho, hay empresarios que hablan ya de «reforma laboral encubierta» puesto que se trata de una iniciativa que se puso en marcha cuando las previsiones de la crisis apuntaban a un impacto corto e intenso pero que, finalmente, se ha alargado casi un año sin que horizonte de salida.

Peor suerte ha corrido, en términos de debate parlamentario, el decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus. Es de abril y aún se encuentra en fase de enmiendas. O el proyecto por el que se adoptan medidas urgentes complementarias al ámbito social y económico, del mismo mes, y que ha recibido, de momento, 27 ampliaciones del plazo de enmiendas ante su olvido en la Comisión de Asuntos Económicos . Incluso el ingreso mínimo vital , ayuda que fue aprobada por el Gobierno el 29 de mayo y convalidada por el Congreso el 10 de junio con el voto de los populares, pero que aún no ha cumplido con la condición de ser mejorada vía enmiendas.