Comités asamblearios sustituirán a la ANC si es intervenida por el juez

Este pasa por un relevo de sus actividades, que quedarán en manos de los CDR, los Comités de Defensa de la República . Estos grupos nacieron como Comités de Defensa del Referéndum, en los meses previos a la consulta del 1-O, y, tras la votación, variaron su nombre con el objetivo de proclamar la República «salida de las urnas».

El principal motivo de pasar el testigo a los CDR es que estos « no pueden ser ilegalizados , porque no están formalmente constituidos. Son grupos vecinales, asambleas, que se prohibían con las leyes franquistas, pero ahora no es posible», relata a ABC uno de los primeros miembros de la ANC.

Los CDR -unos 270 en toda Cataluña- se distribuyen en barrios y se componen de independentistas sin cargos públicos que trabajan para la secesión de Cataluña. Sus miembros fueron los que escondieron las urnas y el resto de material usado el 1-O, y muchos pertenecen a la ANC y/o Òmnium. Organizan actividades semanales en distintos locales de numerosos municipios y, al carecer de un CIF y una estructura oficial, su persecución es más complicada. La dirección de la ANC, cuyo presidente, Jordi Sànchez, está en prisión preventiva por sedición , junto al de Òmnium, Jordi Cuixart, decidió dejar de cobrar las cuotas a sus socios para no perder esos fondos en caso de intervención.

Lo hizo el pasado octubre, cuando la Guardia Civil pidió a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que bloqueara sus cuentas, medida que aún no se ha tomado. Lo que sí hizo la juez fue bloquear la página web de la ANC (la investigación de la totalidad de la causa está en manos del Tribunal Supremo desde el pasado 24 de noviembre , salvo lo referente al ex mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluis Trapero, y a la intendente Teresa Laplana). Según fuentes consultadas por este diario, la ANC acaba de comunicar a sus miembros que va a girar una cuota para financiar distintas actividades.

Esta organización ingresa al año más de tres millones de euros . Cuenta con unos 80.000 socios, de los que una mitad pagan cuota y la otra son «simpatizantes». También se financian con la venta de «merchandising» independentista. Aseguran no haber cobrado subvenciones, algo que se está investigando y que podría ser motivo de ilegalización.

Entre los depósitos bancarios que la ANC controla están los dos de la «caixa de solidaritat». Se trata de una cuentas de La Caixa y otra de la Caixa d´Enginyers (Caja de Ingenieros), que sirven como «colecta popular» para el pago de las fianzas de los políticos independentistas.

No las manejan directamente las asociaciones independentistas, sino dos miembros de la ANC y otros dos de Òmnium , que gestionan las aportaciones que cubren «las represalias económicas que reciben personas físicas como consecuencia de actuaciones enmarcadas en el proceso hacia la independencia».

Artur Mas y el resto de investigados por la consulta ilegal del 9-N de 2014 han recibido más de dos millones de euros de esta «caja de resistencia» para la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas. Por su parte, los 150.000 euros que aportó la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, para abandonar la cárcel también salieron de estas cuentas, así como los 100.000 de cuatro exconsejeros de la Generalitat.