El juez del Supremo cita a declarar el viernes a los exconsejeros encarcelados y a los «Jordis»

En una providencia emitida este miércoles, el juez explica que visto que todos ellos solicitan la revisión de su situación personal y que se les reciba declaración, en relación sobre la misma, ha acordado citarlos para decidir sobre su futuro.

Esta decisión se produce un día después de que Junqueras renunciara y los otros tres exconsejeros catalanes encarcelados de ERC recularan y se comprometieran a perseguir la independencia de Cataluña «por vías estrictamente pacíficas y democráticas».

El acatamiento del artículo 155 de la Constitución y el «compromiso inquebrantable con los principios de la no violencia y la democracia» —todo ello «sin renunciar a sus convicciones políticas»— es la fórmula que ha encontrado la defensa de los cuatro exconsejeros Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolor Bassa para solicitar ante el Tribunal Supremo la libertad de sus clientes.

Sostiene que no existe uno de los requisitos que justificaron en su momento la prisión provisional : el riesgo de reiteración delictiva. Sin responsabilidades en el gobierno, no es posible perseverar en los delitos por los que se les investiga (rebelión o sedición y malversación), argumenta.

La decisión del magistrado Pablo Llarena de acumular en una las dos causas abiertas por rebelión contra el expresidente Puigdemont y sus exconsejeros, por un lado, y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa, por otro, ha tenido una reacción inmediata por parte del primero de los grupos, cuyo horizonte procesal estaba hasta ahora en manos de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela .

Con la esperanza de recibir el mismo trato que Llarena dispensó a los exdiputados imputados, los exconsejeros pidieron ayer al juez Llarena la revisión de las medidas cautelares que la Audiencia Nacional les impuso. La defensa apela a la intención de los imputados de concurrir a las elecciones catalanas del 21 de diciembre y a hacerlo en igualdad de condiciones respecto a los candidatos de otros partidos.

La necesidad de no defraudar a su electorado y, a la vez, lograr el fin pretendido –la libertad– ha llevado al letrado a un equilibrio dialéctico en el que se conjuga el acatamiento constitucional con guiños independentistas. Ejemplo de ellos son afirmaciones como que «pese a ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña , acudieron a la citación del Juzgado Central de Instrucción número 3» (la juez Carmen Lamela).

También aseguran que el cese en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades de gobierno «no se planteó como una estrategia defensiva, sino como una decisión personal». Así, «visten» de voluntariedad su obligada destitución por parte del Ejecutivo de Rajoy: «Fueron ellos (los exconsejeros) los que, ante la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155 de la Constitución, decidieron abandonar dichas responsabilidades políticas y asumir el reto electoral fijado por el Gobierno de España», sostiene el escrito.

La petición de libertad ya está sobre la mesa del juez, aunque todo apunta a que el esfuerzo del abogado por intentar ahorrar a sus clientes el mal trago de tener que recular también ante el juez oralmente, no va a ser suficiente. Fuentes del Tribunal Supremo señalan a ABC que el carácter personalísimo de las medidas cautelares conlleva que sean los imputados –y no su defensa a través de un escrito– los que tengan que acatar la Constitución ante el juez de viva voz. Por eso Llarena ha citado a los exconsejeros para que manifiesten ante él esa «renuncia inequívoca» que el Tribunal Supremo les va a exigir.

En el escrito, la defensa de los cuatro exconsejeros aceptan que sean citados ante el juez, si lo ve necesario, para discutir los motivos de la prisión preventiva, siempre que no considere superflua la comparecencia.

Junqueras y los demás exconsejeros de ERC dejan clara su discrepancia con la aplicación del artículo 155, a pesar de su aceptación, y afirman que han decidido impugnarlo «por los cauces jurisdiccionalmente oportunos». «Consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament», alega el escrito, en el que añaden que cesaron de sus funciones como gobernantes de Cataluña como «una decisión personal».

A pesar de su supuesto compromiso con las vías dialogada y negociadas, los exconsejeros destituidos siguen negando cualquier ilegalidad en el proceso independentista, todos cuyos pasos desobedecieron de forma frontal al Tribunal Constitucional . En el escrito, describen el plan secesionista como «un programa electoral (contrato social), evidentemente legal y mayoritariamente escogido por los ciudadanos». «Sorprende (y preocupa enormemente) el esfuerzo de la Fiscalía para convertir en delitos de rebelión y sedición los actos que no son más que el legítimo ejercicio de derechos fundamentales que deberían ser protegidos en lugar de perseguidos».

La defensa también argumenta que es imposible la reiteración delictiva porque Junqueras, Romeva, Bassa y Mundó ya no ocupan ningún cargo público que les permita «tomar decisiones», aunque mantienen que no han cometido ninguna conducta ilegal.

Para que quede clara su marcha atrás, al estilo de la vía Forcadell, los exconsejeros añaden: «En el caso de que en el futuro volvieran a ocuparlas (posiciones de poder institucional), están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación». Esta expresión busca convencer al juez, después de que Llarena permitiese a Forcadell y los demás miembros de la Mesa del Parlament investigados salir de prisión tras renunciar a cualquier «actuación fuera del marco constitucional».

La Fiscalía, por su parte, no tiene pensado modificar su postura respecto a las vistillas en las que pidió prisión incondicional para todos los investigados. El Ministerio Público considera insuficiente la declaración de Forcadell, pues que reconoció los hechos y los justificó. Acató, pero no se desvinculó, recuerdan fuentes fiscales, del proceso independentista.