Los ciberdelitos suponen ya el 16 por ciento de toda la criminalidad

Del total de ciberdelitos conocidos, el 89,6 por ciento (257.907) fueron fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (14.066 casos), que representan un 4,9 por ciento. El perfil del ciberdelincuente es un hombre (73,3% delos detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.

Las cifras están recogidas en el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. En ese estudio se aprecia el crecimiento experimentado desde 2016 y su peso en el conjunto de la delincuencia. Ese año se detectaron más de 92.000 hechos, que supusieron el 4,6 por ciento del total de los delitos, mientras que los 288.000 denunciados en 2020 representaron el 16,3 por ciento. Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana son las comunidades que concentran más infracciones penales.

El informe recoge una amenaza de consecuencias imprevisibles: se detectaron 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2 por ciento más respecto al año anterior, de acuerdo con la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Más de la mitad afectaron a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguidos del transporte (24,08%) y la energía (14,05%).

El Centro Criptológico Nacional relacionó ya en su informe la cibercriminalidad con el Covid-19. Concluyó que la pandemia había propiciado el incremento de numerosos y variados ataques, que la situación había sido aprovechada por «actores hostiles» para potenciar desde operaciones de influencia o robo de información hasta campañas de ransomware.

Puso de manifiesto las acciones ligadas a actores Estado en el ámbito de las operaciones de influencia, propaganda, desinformación, etcétera y cómo habían mejorado las capacidades técnicas y operativas de los delincuentes económicos. El Centro Criptológico incidió también en los ataques a infraestructuras críticas y en los fallos de algunas empresas más expuestas a consecuencia del teletrabajo.

Advertían en ese amplio estudio de que las amenazas irán a más, tanto a empresas como a organismos públicos, e incluso a redes domésticas y dispositivos personales. Uno de los fines principales, el ciberespionaje. El otro riesgo grave podría llegar para las farmacéuticas, laboratorios de investigación dedicados a la COVID- 19 o víctimas relacionadas con el sector.

Ante la amenaza que no es nueva pero no para de ganar terreno, se puso en marcha en febrero un plan estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir estos delitos. Tiene cinco patas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.

En su diseño participaron especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil, policías autonómicas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.