Cataluña se fractura con las «veguerías»

La sustitución de las provincias -denostadas por los nacionalistas como una imposición del españolismo jacobino- por siete «veguerías» es una vieja reivindicación del catalanismo político. Su realización, sin embargo, ha chocado hasta ahora con las dificultades jurídicas del proyecto, que exigiría la aprobación de una ley orgánica para reformar unos límites territoriales, los provinciales, consignados en la Constitución. Pero también con las dificultades políticas.

Entre estas últimas, la resistencia de los socialistas a aceptar la desaparición de las diputaciones provinciales -tres de cuatro en manos del PSC- y sobre todo la asunción por parte de la Generalitat de los fondos locales que el Estado paga ahora directamente a las diputaciones en función exclusivamente de la población. Unas condiciones que hacen de la Diputación de Barcelona la tercera institución catalana, con un presupuesto de 707,69 millones de euros para 2010.

¿Quién reparte los fondos?

De aprobarse la nueva organización territorial en los términos previstos por el Estatuto y traslados al proyecto de ERC, sería la Generalitat la responsable de distribuir esos fondos del Estado entre las «veguerías» y condicionar a su vez su redistribución entre ayuntamientos y entes locales. Está por ver, además, cómo se distribuyen esos fondos para hacer económicamente viables veguerías como la del Alto Pirineo, inviable si se mide exclusivamente en términos de población.

Pervive además la duda respecto al futuro de los consejos comarcales, esa administración local intermedia creada por Jordi Pujol que, en la práctica, se ha convertido en el contrapoder local de CiU ante el avasallador control socialista sobre todas las capitales y grandes ciudades catalanas. El proyecto de ERC rebaja en teoría su poder político, pero no prevé su desaparición, como sí hace con las diputaciones, lo que podría dar lugar a duplicidades en la administración. Y al margen de intereses político-partidistas, el proyecto de nueva organización territorial ha desenterrado todas las rencillas locales existentes entre ciudades y comarcas catalanas.

Reus ha visto la puerta abierta para cuestionar la capitalidad de Tarragona, el Valle de Arán quiere ver reconocida su especificidad y se niega a integrarse el Alto Pirineo, mientras en la Cataluña Central, desgajada de Barcelona, Manresa y Vic compiten por la capitalidad. El Penedés reclama la creación de una veguería propia y la Cerdaña rechaza el mapa que mantiene su división actual entre las provincias de Lérida y Gerona. Y así, hasta el infinito.

Un caldo de cultivo abonado para que José Montilla diera marcha atrás y advirtiera de que el proyecto dirigido por el republicano Jordi Ausàs no se aprobará hasta que no obtenga el consenso necesario. Y en ningún caso recibirá el visto bueno del Gobierno catalán en su primera reunión del año, prevista para mañana, pese a las muchas quejas de ERC.