Cárcel para ex altos cargos de la Junta andaluza por enchufismo

El tribunal condena a Guerrero y al administrador de la empresa, Ulpiano Cuadrado, a cinco años y nueve meses de prisión y diez años de inhabilitación absoluta por delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial, mientras que impone cinco años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta a Márquez y a los ex secretarios generales Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina. Los cinco acusados indemnizarán a la Junta de manera solidaria en diferentes cantidades que suman en total 1.353.672,05 euros.

Es la primera condena a ex altos cargos de los gobiernos socialistas en una causa derivada de los ERE. Precisamente, fue la juez Mercedes Alaya quien decidió desgajar una pieza relativa a las contrataciones «fantasmas con Umax» y enviarla a reparto. Cuatro de los condenados han sido juzgados en la pieza política de los ERE y están a la espera de sentencia.

En la sentencia, contra la que cabe recurso, la Sección Tercera condena al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, por un delito de prevaricación, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años. Además, el tribunal acuerda deducir testimonio de dos facturas aportadas por María José Rofa, exasesora de Márquez, y remitirlo a la Fiscalía «por si los hechos a los que se refieren pudieran integrar un supuesto delito». Son dos facturas de 1,2 millones de euros por una supuesta asistencia técnica de Umax contratada por Empleo.

Ha quedado probado que Guerrero, en 2003 y ostentando el cargo de director general de Trabajo, «decidió crear» en su departamento y en otros servicios de Empleo «una estructura de personal paralela a la administrativa con incumplimiento de la normativa de contratación en el sector público». Para ello, «concertó verbalmente» con el dueño de Umax «que contratara las personas que él le indicara» para que «prestaran sus servicios en exclusiva en distintas sedes de la Consejería, principalmente en la Dirección General de Trabajo o en las delegaciones provinciales, abonándosele la retribución que estableciera» el empresario para sus empleados «más las cuotas de la Seguridad Social, IVA y un porcentaje que nunca sería inferior al 20% como beneficio empresarial, con el perjuicio que ello implicaba para la Administración Pública, que no habría necesitado pagar estos últimos conceptos de haber realizado su contratación por los cauces legales». El sustituto de Guerrero, Juan Márquez «acordó contratar más personas con la misma finalidad, conociendo la situación de ilegalidad».

Para que Umax cobrara lo pactado verbalmente y ante la ilegalidad de la contratación de los trabajadores para hacer labores de funcionarios, «se utilizó el sistema de simular la concertación de contratos menores inexistentes o procedimientos de negociación sin publicidad en los que se invitaba a participar a tres empresas vinculadas con Umax». Éstas eran indicadas por Guerrero o personal subordinado para «aparentar legalidad en la tramitación del expediente y conseguir la designación arbitraria de ésta mercantil para un servicio que no se realizaba».

En 2007, las facturas con conceptos falsos de Umax pasaron a ser pagadas por la Fundación Andaluza de Fondos para la Formación y Empleo (Faffe), con subvenciones otorgadas por organismos de la Consejería de Empleo. Para el tribunal, tanto Aguado como Medina, tenían conocimiento de la ilegalidad de las contrataciones con Umax. El caso salta cuando Cuadrado reclama a la Dirección de Trabajo los pagos correspondientes a los trabajos de 2007 a 2010. Y Empleo se niega, los trabajadores son expulsados por Rivera, pero éste junto a Medina, «intermediaron» en la contratación de la mayor parte de dichos trabajadores por Faffe. Actualmente siguen trabajando en la Junta. Recientemente, la juez Núñez rechazó a investigar las contrataciones en la Faffe.