El Ayuntamiento de Madrid publicó en Twitter el correo genérico al que escribieron los comisionistas

Este correo es precisamente el que el primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, proporcionó a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño después de un telefonazo a la coordinadora general del Ayuntamiento, Matilde García Duarte. «Facilité un correo genérico», llegó a asegurar ayer en su declaración como testigo ante el juez que investiga el caso Mascarillas porque creía que tenían una intención «altruista» , según las fuentes jurídicas consultadas presentes en la comparecencia en la que, además, negó la participación del alcalde.

Según su versión, Medina contacta con él por teléfono en dos ocasiones a través de una amiga común, María Díaz de la Cebosa, la directora de una universidad privada en la que había estudiado. El primo del alcalde, a su vez, habría llamado por teléfono a la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, quien le habría facilitado el contacto con el Ayuntamiento. Después empezaron las negociaciones con la funcionaria al frente de las compras de material sanitario del consistorio durante la primera ola de la pandemia, Elena Collado. El juez suspendió su declaración como testigo el pasado 9 de mayo para preguntar a las partes si debía imputarla en la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso ABC, el Ayuntamiento de Madrid se opone a que se le tome declaración como investigada . «No se justifica», exponen en el escrito, y apunta a las acusaciones populares, «se plantea una investigación prospectiva para obtener indicios de criminalidad, en lugar de justificar qué hechos delictivos se le pueden atribuir para fundamentar esa posible imputación».

El ayuntamiento niega que Collado prevaricara. «No se hace referencia a resolución arbitraria alguna dictada por la Sra. Collado que pueda haber supuesto un ilícito», alega. Y niega también que cometiera un delito de malversación, pues «como coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, así como miembro del Consejo de Administración de SFM, carecía totalmente de la facultad decisoria jurídica o de detentación material de los caudales o efectos abonados, toda vez que los contratos los aprobaba el Consejo de Administración de la SFM».

Los servicios jurídicos del ayuntamiento rechazan asimismo que se le atribuya un delito de estafa pues defienden que fueron Medina y Luceño los que «causaron engaño bastante al Ayuntamiento y, por ende, a la Sra. Collado, sin que exista indicio alguno que permita afirmar que la misma tenía conocimiento o colaboró con los mismos en su actuación».

Una vez se presenten todas las alegaciones, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, tendrá que estudiar todos los argumentos y decidir si debe imputar a Elena Collado como piden las acusaciones populares.