Las autonomías se gastan en políticos el triple que las diputaciones provinciales

Pero ¿cuánto cuestan las diputaciones? Y, por tanto, ¿cuánto se ahorraría España suprimiendo sin más las diputaciones provinciales? Ese ahorro se limitaría a los cargos políticos que se eliminaran, porque el resto -empleados públicos, planes de subvenciones, etc.- forma parte de las competencias que, en cualquier caso, se mantendrían traspasándolas a otra administración. Así las cosas, el ahorro ascendería en el mejor de los casos a 91 millones de euros anuales. Es lo que costaron sus diputados, altos cargos y puestos de libre de designación política en 2014, último año del que existen cifras oficiales de liquidación presupuestaria. El importe incluye las cotizaciones a la Seguridad Social. En salarios brutos ascendió a 70 millones de euros en números redondos.

Sin embargo, el ahorro que se lograría si se suprimieran sería sustancialmente menor. Si se acabara con las diputaciones, sus competencias -y no son pocas- tendría que asumirlas otra administración, ya sea esa suerte de nuevo «consejo provincial de alcaldes» u otro nivel administrativo ya existente, como podrían ser las autonomías.

Si se optara por esta última vía, el resultado más probable -quedó claro con la transferencia de competencias estatales- sería el nacimiento de estructuras políticas añadidas en los gobiernos regionales. Y las autonomías, hoy por hoy, ya gastan en sueldos políticos el triple que las diputaciones provinciales. Entre presidentes, consejeros, altos cargos y asesores de gobiernos, diputados autonómicos y su personal de libre designación, el coste anual ronda los 300 millones de euros incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social.

Actualmente, las diputaciones están dirigidas por alcaldes y concejales. Los escaños de los diputados provinciales se reparten proporcionalmente en función de los votos que cada partido obtiene en las elecciones municipales de cada demarcación. Y luego, cada partido decide qué alcaldes o concejales ocupan esos escaños.

El coste que tienen en sueldos políticos, pese a ser considerable -91 millones de euros al año-, es una gota en el océano de la Administración local española. Esta la integran, además de las diputaciones provinciales, las tres diputaciones forales vascas, los cabildos y consejos insulares, los ayuntamientos, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las comarcas -caso de Aragón y Cataluña-, mancomunidades, áreas metropolitanas y agrupaciones de municipios. Y, según las liquidaciones presupuestarias recopiladas por ABC, entre todas esas instituciones -las corporaciones locales en su conjunto- suman un gasto de algo más de 820 millones de euros al año en sueldos de altos cargos y personal eventual de designación política: unos 630 millones en salarios brutos, y el resto, en las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.

Las 38 diputaciones provinciales suponen solo el 11% de los sueldos políticos que se desembolsan anualmente en la Administración local española. El grueso se concentra en los ayuntamientos, en partiular los de las ciudades más grandes. De hecho, los seis mayores ayuntamientos españoles -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga- tienen unas cúpulas políticas que, en su conjunto, cuestan más que las 38 diputaciones provinciales. Entre esos seis ayuntamientos pagan del orden de 93 millones de euros al año, entre sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social, por sus altos cargos políticos, asesores y personal de confianza. De esa cantidad, el grueso corresponde a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona: entre los dos gastan cada año unos 63 millones de euros en altos cargos y puestos de libre designación política.

Además, ese «adelgazamiento» institucional pactado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera deja a salvo a las tres diputaciones forales vascas y a los cabildos y consejos insulares -siete en Canarias y cuatro en Baleares-. Y, curiosamente, las forales son mucho más caras: entre las 38 diputaciones provinciales suman en sueldos políticos 91 millones de euros al año; entre las tres vascas, del orden de 17 millones. La media sale a 2,4 millones de euros en cada diputación provincial, frente a casi 6 millones en cada diputación foral vasca.

Por su parte, los cabildos canarios se gastan cada año en sueldos de sus estructuras políticas unos 16 millones. Y los consejos insulares de Baleares salen por algo más de siete millones.

Las diputaciones forales vascas también son las que acumulan un mayor endeudamiento Entre las tres sumaban al cierre del tercer trimestre de 2015 -último dato publicado por el Banco de España- una deuda financiera de 3.371 millones de euros . Entre las 38 diputaciones provinciales, 2.580 millones.