El CGPJ impide a uno de los jueces de Gürtel decidir sobre la prisión de 16 condenados

La decisión de la Comisión Permanente, reunida esta mañana con carácter extraordinario, está basada en el informe emitido por los órganos técnicos del CGPJ en relación con la solicitud formulada por el magistrado -que también pretendía ser habilitado para para resolver las eventuales peticiones de aclaración o rectificación de la sentencia- y que señala que habilitarle para participar en estos asuntos «lo sería para intervenir en una actuación procesal para la que carece de jurisdicción, al no encontrarse en servicio activo en la carrera judicial».

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, la misma que juzgó a 37 personas por participar en la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) ha citado este lunes a 16 de los 29 condenados, entre ellos al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su mujer, Rosalía Iglesias, para valorar su posible ingreso en prisión, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

Los 16 condenados, cuyas penas oscilan entre los 3 y los 38 años de prisión, están citados a las 10.30 horas para celebrar la vistilla que pidieron las fiscales del caso, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás , tras conocer la sentencia del pasado jueves. En esa vista, las partes podrán solicitar la prisión o la adopción de cualquier otra medida mientras el Tribunal Supremo declara la firmeza de la resolución.

Esta vistilla coincide con el último día de plazo que tienen los 29 condenados y los ocho absueltos por la primera época de la trama Gürtel para recoger personalmente en la Audiencia Nacional la sentencia. El primero en cumplir este trámite fue el contable José Luis Izquierdo -condenado a 17 años y siete meses de prisión- que se acercó hasta la sede judicial el pasado viernes, acompañado de su abogada, Margarita Crespo, informa Ep.

Entre los condenados que deben comparecer ante el tribunal para conocer si se le impone alguna medida cautelar no se encuentran los líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa -condenado a 51 años y 11 meses- ni Pablo Crespo -37 años y medio-, pues ambos se encuentran ya en la prisión de Valdemoro cumpliendo la condena que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la pieza de la trama Gürtel relativa a Fitur.

Sí tendrán que acudir a la Audiencia Nacional el extesorero del PP Luis Bárcenas -33 años-, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega -38 años-; el de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda -14-; el exconsejero Alberto López Viejo -31- y el contable de la trama, José Luis Izquierdo -17 años-.

Anticorrupción ha pedido hoy también la comparecencia d e las esposas de Bárcenas y López Viejo, que son Rosalía Iglesias -15 años- y Teresa Gabarra -4 años-, respectivamente; así como a la exmujer de Correa y exjefa de gabinete de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano -14 años-. También se presentarán ante el tribunal la administradora de varias empresas de la Gürtel, Isabel Jordán -condenada a 14 años- y el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno -15 años-.

Completan la lista el abogado que trabajó entre 2001 y 2004 para Correa, Antonio Villaverde -8 años-; el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote -7-; el exdiputado del PP Jesús Merino -3-; el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente -5 años-; el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez -3- y el asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás -3-.

Cuando el tribunal superior valenciano celebró la vistilla de medidas cautelares tras notificar su sentencia, el Ministerio Público sólo pidió prisión provisional para aquellas personas que fueron condenadas a más de nueve años . Fue el caso de Correa, Crespo y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez «El Bigotes», este último absuelto por la Audiencia Nacional.

El juez José Ricardo de Prada, descartado para la decisión de hoy, se halla en la situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial desde el pasado 23 de abril al estar desempeñando el cargo de magistrado del Mecanismo Residual ante los tribunales internacionales de Naciones Unidas. El 26 de abril quedó habilitado por la Comisión Permanente sólo para la deliberación, redacción y firma de la sentencia de Gürtel, en cuya vista había intervenido antes de pasar a esa situación administrativa.

Esa habilitación se sustentó en el artículo 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que cuando un juez o magistrado sea trasladado o jubilado «deliberará, votará, redactará y firmará las sentencias, según proceda, en los pleitos a cuya vista hubiere asistido (...)».

«La habilitación para ser llamado a la vista que deba decidir sobre el cambio de la situación personal de los acusados en el proceso en el que quedó habilitado para deliberar y firmar la sentencia (...) lo sería para intervenir en una actuación procesal para la que carece de jurisdicción, al no encontrarse en servicio activo en la carrera judicial ni existir razón legal alguna para la persistencia en la función que solicita, y constituiría una composición arbitraria de aquel tribunal, constituido de manera especial y al caso», señala el CGPJ, para quien De Prada «podría incurrir en un supuesto de nulidad de pleno derecho».